miércoles, 26 de diciembre de 2018

Los riesgos de la desigualdad económica extrema



La desigualdad económica es un tema que se remonta al menos a las primeras sociedades agrarias hace 10 mil años atrás, y que ha impregnado el pensamiento religioso, político y social. Sin embargo se ha constituido en un tema de alarmante actualidad y la revista Scientific American le dedica 23 de sus 70 páginas del número de Noviembre de 2018, en una serie de artículos encabezados por J.R Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 (U. Columbia) (https://www.scientificamerican.com/article/the-science-of-inequality/). Varios motivos justifican ese interés. En primer lugar que los EEUU, primera economía del mundo, se ha convertido en la sociedad más desigual entre los países desarrollados y que el problema se agrava en lugar de moderarse. Desde luego, la desigualdad no se asocia necesariamente al desarrollo y muchos países sub desarrollados la exhiben en alto grado. El problema radica en que se esperaba que el desarrollo económico contribuiría a moderarla, pero ha ocurrido lo contrario. En parte ello se atribuye al cambio de la economía industrial por una de servicios, en la que existe una amplia disparidad de ingresos entre las “estrellas” (del espectáculo, el futbol, de las finanzas, etc) y la gente común. Por otra parte, la dispersión de los trabajadores dificulta su capacidad de negociación, lo que se une a su rápido reemplazo por robots que realizan el trabajo físico e intelectual (software) que antes efectuaban seres humanos (engrosando las filas de “los que sobran”). Así, en los EEUU, modelo de economía libre, se ha acumulado una masa de un 50% de la población que es incapaz de enfrentar la menor emergencia sin caer en la pobreza extrema, mientras crece en su interior todo tipo de enfermedades, adicciones y desorden social.  Aunque la productividad de los trabajadores se ha duplicado desde 1980, los salarios han disminuido a niveles de 60 años atrás, pasando las ganancias a una elite de ejecutivos superiores y a los accionistas, lo que ha incrementado exponencialmente el número de millonarios.
En otro artículo, el Prof R.M.Sapolsky (Ciencias Biológicas, U. Stanford) expone los daños físicos y mentales que afectan a los sectores empobrecidos, los que son terreno fértil para el desarrollo de epidemias que representan un riesgo para ellos y para el conjunto de la población. Más allá de los daños a los individuos y a la reducción de su esperanza de vida, las amenazas llegan hasta su mecanismo genético, al afectar el  sistema de protección de sus cromosomas , debilitado  por stress severo. En términos ambientales y de biodiversidad, J.K Boyce (U. Massachusetts, Amherst) hace ver las consecuencias agravantes de las cargas de contaminantes, ligadas a la desigual ubicación de las industrias químicas y de la energía, así como de los depósitos de residuos peligrosos, la que afecta a los sectores más empobrecidos y por lo tanto más débiles. Las consecuencias de esta pobreza creciente alcanzan también a la supervivencia de otras especies biológicas, debido a la relación existente entre la pobreza y la destrucción de la biodiversidad. A nivel mundial, este efecto se enlaza con el del crecimiento poblacional descontrolado, socavando las ya escasas posibilidades de detener el cambio climático global, el que a su vez contribuye cada día más  a agravar las situaciones descritas.

viernes, 4 de mayo de 2018

Pascua Lama, Dominga y sus EIAs



Ningún tema involucra tantos aspectos, complejidades e incertidumbres como el ambiental, frente al cual la gama de apreciaciones va desde situarlo como el más alto valor hasta considerarlo como un simple estorbo para las necesidades del desarrollo económico. Sin embargo, el Estado ha asumido el compromiso de compatibilizar desarrollo con calidad ambiental y se ha dotado de instrumentos como la Evaluación de Impacto Ambiental para estudiar el probable efecto de nuevos proyectos. Su aplicación no es tarea fácil y a las incertidumbres científicas respecto a los resultados de la interacción de los componentes ambientales y las acciones humanas se agrega un importante factor de subjetividad en la identificación y valoración de los impactos. Ello, sin contar los intereses económicos y  políticos en juego, que pueden distorsionar en alto grado los resultados del estudio. Dos casos importantes ilustran las debilidades de nuestro sistema: Los de los proyectos Pascua-Lama y Dominga.

El primero de ellos, de carácter binacional, consideró la explotación a cielo abierto de oro y plata en un macizo rocoso ricamente mineralizado  , pero profundamente fracturado y alterado, y con altos contenidos de elementos tóxicos. El yacimiento se encuentra a 4500 m de altura, en la cabecera del Rio Huasco y presentaba varios cuerpos de hielo, los que fueron afectados durante los trabajos de preparación de la explotación. El EIA del proyecto fue aprobado con condiciones, pero enfrentó una serie de problemas producto de su difícil entorno. Actualmente está paralizado, después de haberse descartado también la opción de una operación subterránea, y llama la atención que el EIA no previera las grandes dificultades físicas y riesgos que habría involucrado su concreción.

En el otro caso, el del proyecto Dominga de explotación de minerales de hierro y cobre en el área de La Higuera, los estudios sectoriales no establecieron mayores impactos, salvo las objeciones de CONAF, y su rechazo obedeció más bien a argumentos de ordenación territorial. Puesto que el instrumento utilizado fue la EIA y ella no entregó resultados globales que fundamentaran dicho rechazo, los afectados presentaron y ganaron su reclamación ante el Tribunal Ambiental respectivo.
Nuestro sistema de EIA presenta naturales limitaciones, que en parte se explican por la tendencia a privilegiar las formas sobre el fondo así como a prestar una atención preferente a los conflicto sectoriales por sobre el conocimiento y comprensión de los factores naturales y sus interacciones. Esto último merece especial cuidado, dada la naturaleza sectorial que impregna los estudios. En todo caso constituye nuestro instrumento principal y no debe ser desvirtuado por mucho que no compartamos sus conclusiones.

viernes, 23 de marzo de 2018

Mineria y Sociedad



Entre 1950 y 2014 los consumos mundiales de aluminio, cobre y hierro aumentaron por factores de 37, 7 y 8 respectivamente, y se estima que en los próximos veinte años la demanda asociada a la fabricación de baterías puede multiplicar el consumo de litio por 180 y el de cobalto por 24. Estos ejemplos, citados por Jebrak y Christian (SEG NL, Oct. 2017) obedecen tanto al crecimiento poblacional y de los niveles de vida como al efecto de nuevas tecnologías y tendencias sociales. Ello ocurre justamente cuando se extiende un creciente rechazo a las actividades de exploración y explotación de minerales que se requieren para la mantención y expansión de la producción minera. En muchos países la minería esta en gran parte excluida ya sea por disposiciones legales o por manifestaciones de grupos de presión que imponen su voluntad a los gobiernos, y cuando se logra aprobar un proyecto, las restricciones ambientales o sociales pueden ser tan exigentes que lo hacen inviable. Por otra parte, aun en los casos en que el proyecto es autorizado, existe constante inquietud respecto a los cambios de opinión o de actitud de las comunidades cercanas o de sectores gubernamentales, estos últimos cada vez más débiles para enfrentar a comunidades empoderadas . En consecuencia, cabe esperar crecientes niveles de conflicto, alimentados por razones objetivas (acceso a terrenos, disponibilidad de agua y energía, etc.) o de carácter político-ideológico. Lo señalado se suma a los rendimientos decrecientes en materia de inversiones en exploración minera registrados en la última década, en particular en el caso del oro.
Los autores citados distinguen cinco niveles causales en la oposición a las actividades mineras. El primero es de carácter local y se explica por los inconvenientes que plantean las actividades mineras para la población local, en particular para la que no se beneficia de ella. El segundo nivel está dado por la incompatibilidad  de usos del territorio, como minería versus turismo ecológico. Un tercer nivel se refiere al reparto de los beneficios de la operación minera entre los distintos participantes activos o pasivos (impuestos, royalty, gobierno local contra gobierno central etc.). El cuarto nivel es menos conocido pero igualmente importante en países como Chile, cuyos ingresos externos están dominados por uno o dos productos de exportación. En nuestro caso, si el cobre alcanza altos precios, la afluencia de dólares tiende a debilitar su valor frente al peso, y otros sectores exportadores como el agropecuario o el industrial obtienen menores retornos. Finalmente, se distingue un quinto nivel de oposición ideológica por una amplia gama de motivos (oposición a empresas extranjeras o nacionales, aversión al “extractivismo”, oposición al progreso material, ecología “profunda” etc.)
Los problemas que implica la oposición a la minería se potencian con los efectos del cambio climático y con la creciente escasez de agua, así como con la difícil situación geográfica en la que se ubican muchos proyectos (topografía montañosa, presencia de glaciares, posición en la cabecera de cuencas hidrográficas, etc.). Las empresas mineras han enfrentado este contexto difícil a través del diálogo, de acciones de resguardo ecológico y pro conservación y de programas de responsabilidad ambiental y social. En particular deben cuidar su imagen desde el principio de un proyecto, tarea en la cual los geólogos de exploración tienen especial responsabilidad. Por tal razón, Jebrak y Christian recomiendan aceptar la idea de pensar en términos de “geología social” en lugar de “geología económica” y que   formación de los futuros profesionales de la minería incluya aquellos conocimientos y actitudes que les permitan actuar con efectividad en el complejo mundo social que se está gestando.

jueves, 31 de agosto de 2017

Puntos Calientes



La Sociedad industrial moderna extrae y procesa enormes cantidades de substancias minerales y las  modifica y recombina para convertirlas en objetos útiles, con la ayuda del carbón y petróleo, que también proveen parte de la energía eléctrica. Estos procesos, al igual que la producción y uso de los alimentos contaminan la tierra, la atmósfera y las aguas y dan lugar a grandes cantidades de desechos, en parte tóxicos que es necesario disponer en vertederos y depósitos de seguridad. La actual legislación procura limitar los impactos ambientales de estas actividades, en particular aquellas que implican más riesgo para la salud. Sin embargo ello no es del todo posible en particular cuando la cuantía y variedad de los contaminantes facilitan las sinergias negativas entre los contaminantes. Por otra parte, las poblaciones afectadas reciben no solamente el daño físico de la contaminación, sino que también el daño sicológico causado por los olores desagradables, el tráfico constante de desechos, y la sensación de discriminación que implica la carga desigual de daño ambiental que están obligados a aceptar. La situación es especialmente grave para los niños y las personas con salud precaria o edad avanzada. Al respecto el caso de las intoxicaciones por gases de la fundición Ventanas que afectaron a los niños de la escuela La Greda de Puchuncaví, y que obligaron a su desplazamiento, es ilustrativa.
En el centro de Chile existen dos “puntos calientes” de contaminación que han alcanzado especial gravedad, el del Parque Industrial Ventanas, Comuna de Puchuncaví y el de la Comuna de Til Til. El primero fue fundado en 1961, con eje central en la Fundición Ventanas, a la cual se fueron agregando, sin planificación previa, otras  14 industrias, incluidas 4 termoeléctricas. La comuna de Til Til fue seleccionada  en la década de los 1990´s para recibir los residuos de la Región Metropolitana, aprovechando la calidad física de sus suelos. A partir de entonces llegaron a instalarse 2 rellenos sanitarios, 6 tranques de relaves mineros, una planta de residuos sólidos de aguas servidas tratadas,  y un criadero de cerdos, a lo que se añade la planta de tratamiento y disposición de residuos tóxicos recién aprobada por el Comité de Ministros.
Desde luego es difícil o imposible prescindir de las actividades y servicios que prestan ambos “puntos calientes”, pero es irrisorio pretender que el hecho de que cumplan con la legislación sea suficiente para quienes deben soportar esa carga. Más razonable sería tratar estas situaciones como se enfrentaría una gran explotación minera o la construcción de un extenso embalse, ofreciendo a la población afectada condiciones atractivas para su reubicación, en particular a las que cuentan con niños o con personas vulnerables. También sería justo contar con un cuidadoso monitoreo de la salud de quienes laboran en estos “puntos calientes” y así como verificar que sus actividades no afecten a las áreas vecinas, en particular a través de la contaminación de las aguas subterráneas.

viernes, 28 de julio de 2017

Enfrentando los cambios


Los efectos extremos del clima, unidos a los problemas demográficos y a los trastornos sociales y políticos, anuncian tiempos difíciles. De hecho, cada vez se espera menos de un posible freno al cambio climático y la atención de los países desarrollados está enfocada en la adaptación a sus efectos más dañinos, como los dispositivos  de defensa instalados por Ingalterra en el estuario del Támesis. A ello se agregan noticias inquietantes, como el enorme desprendimiento que afectó recientemente a la plataforma flotante de hielo de la Antártica, y la constatación de las lecturas erróneas del nivel del mar por el satélite Snafu,  que ocultaron durante décadas el acelerado ritmo de su ascenso (Sci. Amer., Julio, 2017).                                                                              
En Chile, los últimos años han traído una serie de sorpresas desagradables, cada una de las cuales ha sido seguida por la búsqueda de las empresas responsables (las salmoneras, las forestales, las eléctricas, etc.) y por los reproches a los organismos del Estado que las supervisan (CONAF, Superintendencias, etc.) En cambio, se pone escasa atención en las causas raíces de nuestras fallas en cuanto a prevenir y mitigar los daños producidos. Ellas tienen que ver con las dificultades y el poco interés real en ordenar nuestras ciudades y el territorio, que surgen tanto de la resistencia de los pobladores de los sectores más vulnerables, como de los sectores económicos interesados en proyectos inseguros y del costo político que implicaría hacer frente a su presión. Por otra parte, tampoco estamos dispuestos ni en condiciones de invertir en infraestructura sólida (como en redes eléctricas subterráneas) y ni siquiera en la mantención que requiere su misma precariedad. Ello es natural: anuncios de inversiones en mantención no generan  dividendos políticos ni ellas permiten cortar cintas una vez realizadas. Por su parte los ejecutivos de empresas, cada vez más formados y centrados en las finanzas, no desperdician las posibilidades de ahorrar mediante “tercerizaciones” o reducciones del personal no directamente “productivo”. El mismo Gobierno anunció recientemente ahorros importantes en los gastos de operación para mejorar el equilibrio presupuestario, lo que afecta directamente sus actividades en el terreno.
En suma: la situación actual, si bien entrega abundante información y temas de debate a los medios de comunicación (demasiado centrados en la crónica policial), puede ser muy dolorosa para muchos y daña seriamente al País. Si no cambiamos la forma de enfrentar los cambios, nos encontraremos con desastres cuya  naturaleza y magnitud nos pueden sorprender más allá de lo que imaginamos. Cambiar nuestra actitud implica reconocer nuestra limitada realidad y recursos, proceder sin pretender que la culpa recae sólo en los demás y utilizar con prudencia y buen juicio el tiempo y los medios con los que todavía contamos.

martes, 30 de mayo de 2017

Cambio climático e inequidad social



Es un hecho bien conocido el que los costos ambientales no se distribuyen por partes iguales ni entre los países, ni entre sus regiones y sectores sociales. En el caso del calentamiento global, los países de climas áridos recibirán un daño mayor por efectos de sequías extremas y  episodios aluvionales violentos, y aquellos en los que una parte mayor de la población habita costas bajas y están sujetos a fenómenos ciclónicos, recibirán un castigo más duro por la elevación del nivel de los mares. A lo anterior hay que agregar la desigualdad social que implica que las personas de menores recursos se vean obligadas a habitar en las áreas más expuestas a inundaciones y que por su menor peso político sean desfavorecidas por las autoridades en cuanto a las inversiones para mitigar esos daños. Esto ha sido destacado en un artículo reciente de J. Upton  en Scientific American (14/05/2017) titulado “La injusticia de las inundaciones de Atlantic City” Dicho artículo relata de qué manera los vecindarios de menores recursos en esa ciudad turística (famosa por sus casinos) han sido dejados de lado en materia de inversiones en protección y se inundan fácilmente, mientras a pocos kilómetros el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está ejecutando proyectos por decenas de millones de dólares para proteger el centro de la ciudad y sus casinos (cinco de los cuales han cerrado en los últimos años). De igual manera se están preparando para invertir otras decenas de millones de dólares en la instalación de dunas para proteger las propiedades más valiosas de particulares situadas en el borde marino.

Desde luego el caso de Atlantic City no tiene nada de excepcional y con toda seguridad se reproduce a nivel mundial. El problema fundamental es que las decisiones para enfrentar los problemas que implica el cambio climático las toman personas cuya condición social las pone a salvo de sus peores consecuencias. En esa situación es más fácil despreocuparse del problema o incluso dudar de su realidad. No es nada nuevo en el mundo, pero en este caso puede implicar costos demasiado altos e injustos para centenares de millones de personas.