Es un hecho
bien conocido el que los costos ambientales no se distribuyen por partes
iguales ni entre los países, ni entre sus regiones y sectores sociales. En el
caso del calentamiento global, los países de climas áridos recibirán un daño
mayor por efectos de sequías extremas y
episodios aluvionales violentos, y aquellos en los que una parte mayor
de la población habita costas bajas y están sujetos a fenómenos ciclónicos,
recibirán un castigo más duro por la elevación del nivel de los mares. A lo
anterior hay que agregar la desigualdad social que implica que las personas de
menores recursos se vean obligadas a habitar en las áreas más expuestas a
inundaciones y que por su menor peso político sean desfavorecidas por las
autoridades en cuanto a las inversiones para mitigar esos daños. Esto ha sido
destacado en un artículo reciente de J. Upton
en Scientific American (14/05/2017) titulado “La injusticia de las inundaciones
de Atlantic City” Dicho artículo relata de qué manera los vecindarios de
menores recursos en esa ciudad turística (famosa por sus casinos) han sido
dejados de lado en materia de inversiones en protección y se inundan fácilmente,
mientras a pocos kilómetros el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está
ejecutando proyectos por decenas de millones de dólares para proteger el centro
de la ciudad y sus casinos (cinco de los cuales han cerrado en los últimos
años). De igual manera se están preparando para invertir otras decenas de
millones de dólares en la instalación de dunas para proteger las propiedades
más valiosas de particulares situadas en el borde marino.
Desde luego
el caso de Atlantic City no tiene nada de excepcional y con toda seguridad se
reproduce a nivel mundial. El problema fundamental es que las decisiones para
enfrentar los problemas que implica el cambio climático las toman personas cuya
condición social las pone a salvo de sus peores
consecuencias. En esa situación es más fácil despreocuparse del problema o
incluso dudar de su realidad. No es nada nuevo en el mundo, pero en este caso
puede implicar costos demasiado altos e injustos para centenares de millones de
personas.