lunes, 27 de septiembre de 2010

DESPUÉS DE BARRANCONES: UNA MIRADA A NUESTRO SEIA

Chile cuenta con un sistema de evaluación de impactos ambientales (SEIA) desde 1997, lo que desde luego es positivo. Ese sistema nos permite participar en el comercio internacional con países que así lo exigen, así como en organizaciones como la OCDE. También posibilita el conocimiento público de los aspectos ambientales de los nuevos proyectos de inversión e incentiva su diseño más cuidadoso y el uso de tecnologías modernas de prevención de la contaminación. Igualmente permite, aunque limitadamente, la participación de las comunidades afectadas por sus actividades. A ello se agrega el aporte técnico de los servicios especializados del Estado, el cual es coordinado por CONAMA, y es valioso para advertir respecto a riesgos ambientales en su respectivo sector de competencia, así como sobre la vulneración de leyes o normas que el proyecto puede implicar. Finalmente, la calificación de impacto ambiental que recibe el proyecto puede incluir obligaciones de monitoreo y otros resguardos, para que la realidad de su desarrollo no se aparte mucho de lo establecido por el proyecto y sus posteriores modificaciones durante el proceso de aprobación.
Sin embargo, al mismo tiempo el SEIA presenta serias limitaciones, algunas de las cuales contradicen los principios mismos de las ciencias ambientales y de las metodologías básicas de la evaluación de impactos. La primera clase de limitación se da en torno a la idea de que un proyecto que cumple todas las leyes y normas vigentes debería ser aprobado más allá de cualquier otra consideración. Ese argumento llevó a la aprobación del proyecto Barrancones y posteriormente fue base de críticas a la intervención presidencial, estimada como contraria a la institucionalidad ambiental vigente. Desde luego, esta situación implica serias limitaciones conceptuales por dos razones. La primera es que en materias ambientales, las interacciones entre los distintos factores y sus sinergias son tan o más importantes que sus efectos considerados separadamente. Este error conceptual puede afectar también a los grupos ambientalistas y a los científicos del campo ambiental, cuando tienden a enfocar los problemas sólo desde su campo específico de acción o de competencia técnica. La segunda razón es que las normas ambientales disponibles son aún escasas, y aunque no lo fueran, serían necesariamente limitadas e insuficientes como bases de decisión. Por ejemplo, se pueden normar concentraciones y volúmenes de efluentes, pero es imposible hacerlo respecto a las características, siempre distintas, del medio receptor, el que tiene tanta importancia como el efluente emitido.
Otra debilidad del SEIA radica en la posibilidad de considerar independientemente los componentes de un proyecto, como podría ser la construcción de una presa destinada a generar energía eléctrica, evaluada separadamente del impacto de sus líneas de transmisión. Tal situación, claramente considerada como indebida por los principales textos de evaluación de impactos ambientales, puede llevar a tomar decisiones sobre la base de “hechos consumados” (a la manera de un edificio construido sin el permiso correspondiente, cuya demolición es difícil, sino imposible, ordenar).
Otra limitación importante de nuestro SEIA se refiere al excesivo peso de la autoridad política en la toma de decisiones y a la asimetría que implica la participación de la autoridad central. En efecto, una decisión de rechazo a un proyecto tomada a nivel regional en contra de la opinión de la autoridad central (lo que de por sí es difícil que llegue a ocurrir), puede ser revertida por el Consejo de Ministros. En cambio, no puede ocurrir el caso opuesto, lo que obligó a una gestión personal del Presidente de la República en el reciente caso Barrancones.
Las condiciones de participación de la comunidad constituyen también una limitación importante, en particular en el caso de proyectos basados en la explotación de recursos naturales, situados normalmente en áreas rurales. Es difícil que en tales casos la comunidad disponga de la capacidad técnica que le permita una efectiva participación, y sería equitativo y conveniente que el SEIA contemplara mecanismos para brindarla, lo que actualmente no ocurre. De otro modo, esa comunidad, normalmente pobre, termina buscando solamente compensaciones económicas, sin llegar a entender de qué manera el proyecto impactará el ambiente y su vida, lo que se supone es el objetivo de su participación. En último término, sólo existirá oposición efectiva cuando choquen intereses poderosos, y por lo general se tratará más de conflictos entre sectores productivos por el uso del medio ambiente, que de una efectiva participación de la comunidad.Sería equivocado pensar que la evaluación de impactos ambientales es una materia sencilla, que puede resolverse simplemente mejorando leyes, normas o procedimientos. Por el contrario, puede ser un proceso notablemente complejo, que incluye la interacción de factores naturales y antrópicos, cuyo resultado implica altos grados de incertidumbre, y que requiere entender que en último término serán las leyes naturales las que determinen las consecuencias de la intervención humana. A ello debe agregarse la polarización que generan los intereses económicos y políticos, así como las visiones ideológicas en extremo opuestas. Sin embargo, este proceso de evaluación puede ser también una valiosa oportunidad para avanzar hacia una democracia más participativa. Ello requiere contar con una comunidad educada, que entienda que el desarrollo económico necesariamente implica costos ambientales, pero que ellos deben ser ponderados adecuadamente, con mirada de presente y de futuro. En última instancia, esa comunidad podría ser la mejor garantía para el logro del crecimiento armónico de nuestro país.