sábado, 18 de febrero de 2012

Una Formalización Peligrosa

El anuncio de la formalización judicial en Mayo próximo de un grupo de ex funcionarios civiles y militares por cuasidelito de homicidio, basada en errores y omisiones respecto a la alarma de tsunami con ocasión del sismo del 27/02/2010, constituye un peligroso precedente. Ella es análoga a la producida en Italia, donde un grupo de sismólogos arriesga penas de cárcel por no haber pronosticado el sismo de LÀquila (2009), que siguió a un “enjambre sísmico” iniciado en Septiembre del año anterior. Ambas situaciones se enmarcan en una creciente “judicialización” de los problemas sociales, la que en algunos casos tiende a rebasar los límites del buen sentido.

El peligro que ella representa obedece a dos razones principales. La primera corresponde a las incertidumbres propias de la predicción de fenómenos naturales, como los de carácter sísmico, volcánico y meteorológico. Su comportamiento, si bien es entendido en sus aspectos generales, responde a variables que están fuera del alcance de las mediciones directas y pueden presentar saltos inesperados. En consecuencia, incluso el especialista más competente y responsable estará siempre sometido al riesgo de equivocar su pronóstico. Por su parte, la autoridad enfrenta un dilema entre sobre reaccionar y causar alarma pública, o por el contrario, no actuar a tiempo. Ello es especialmente complicado en el caso de los volcanes, donde muchas personas presionan por retornar a sus viviendas y reclaman si no pasa nada. En tales situaciones es esencial contar con el apoyo de los especialistas expertos, lo que se dificultará si sus posibles equivocaciones implican riesgos penales. La naturaleza no siempre sigue el curso esperado, y una mezcla de magmas en profundidad puede alterar bruscamente el curso de una erupción volcánica, produciendo una inesperada catástrofe.

En el caso del sismo del 27/02/2010 y del tsunami asociado, se registraron comportamientos y efectos inesperados. Ello tanto en los mecanismos focales del sismo como en sus efectos destructivos (lo que llevó a iniciar un proceso de revisión de la norma antisísmica). En cuanto al tsunami, este desafió el “saber convencional” al generar olas destructivas hasta tres horas y media después de producido el sismo, las que alcanzaron los sitios costeros sin aparente orden lógico. Ello obedeció a una serie de complejas reflexiones e interacciones de las ondas producidas, tanto entre ellas como con la topografía submarina de la zona afectada. Tal situación fue muy diferente de la ocurrida en el tsunami anterior, producido 50 años atrás, el único para el cual se contaba con suficiente información. Tal vez el mayor error del SHOA fue la excesiva confianza depositada en la tecnología de los dispositivos flotantes con control satelital, cuya información contribuyó más bien a desorientar a los especialistas (un hecho del cual se desprende una valiosa lección). A la luz de lo ocurrido es obvio que la mejor conducta frente a un sismo cercano de gran magnitud es evacuar lo antes posible las áreas costeras bajas. Sin embargo, aun así subsisten incertidumbres, puesto que para un sismo de foco cercano, la llegada de la ola puede ocurrir sólo algunas decenas de minutos después del movimiento. En áreas densamente pobladas y situadas lejos de zonas altas, el tiempo disponible para la evacuación puede ser muy insuficiente. ¿Conviene entonces que los habitantes de edificios en altura la intenten, arriesgándose a ser alcanzados por la ola sin protección o sería más seguro para ellos permanecer en los pisos superiores? Pero ahora, incluso responder a esa pregunta, puede implicar un riesgo para las autoridades, considerando las formalizaciones anunciadas.

La segunda razón del peligro que representa esta formalización de ex funcionarios es que sitúa toda la responsabilidad en determinadas personas y lleva a olvidar la naturaleza sistémica de nuestras fallas frente a los desastres naturales. Ello no es distinto del caso italiano mencionado, donde las deficiencias de la construcción, más que el error de los sismólogos, explican el elevado número de víctimas causadas por un sismo de moderada intensidad. En nuestro caso, aún si las decisiones de las autoridades hubieran sido las correctas, las fallas en los sistemas de comunicación habrían comprometido seriamente su efectividad. Al respecto no debemos ignorar la tendencia nacional a dejar todo para “el último día” o para “cuando el problema se presente” y a echarnos la culpa unos a otros, en lugar de buscar en conjunto mejores formas de enfrentar las dificultades. Necesitamos más apertura y discusión, pese a las dificultades que implican los celos institucionales. El que a determinado régimen político le haya tocado enfrentar el sismo y el tsunami y a otro la reconstrucción, es sólo anecdótico. Lo importante es asumir que habitamos un país periódicamente afectado por catástrofes naturales y que debemos desarrollar procedimientos, protocolos e infraestructuras adecuadas para enfrentarlas. Ello no evitará que se puedan cometer errores ni que haya costos que lamentar, pero puede mitigar muchos de sus efectos negativos y le daría un mayor respaldo institucional a nuestros ahora amenazados funcionarios y expertos.