lunes, 6 de abril de 2015

El Caso Mauro y el Tema Ambiental en Chile



El fallo judicial de Los Vilos es notable por las contradicciones que involucraría su cumplimiento. De partida, sería ilegal hacerlo sin realizar primero una evaluación de impacto ambiental, por la magnitud de los riesgos que implica. De hecho, uno de los peores peligros ambientales de la Región sería justamente la ruptura del muro que se retiene sus cientos de millones de toneladas de relaves.  Tal estudio debería partir por decidir donde se depositarían esos materiales, que deberían ser llevados por una interminable fila de camiones a algún lugar cuya comunidad estuviera dispuesta a recibirlos y que la Autoridad estimara seguro, situación difícil de imaginar. Ese traslado requeriría  del orden de diez millones de viajes para camiones de 30 toneladas, lo que da una idea de su enorme dificultad. Si en el curso de esa interminable tarea ocurriera un sismo mayor, los relaves, desprovistos de su muro, podrían fluir, generando una corriente de barro que haría parecer insignificantes las producidas a consecuencia de la precipitaciones de fines de Marzo 2015.  Finalmente, aunque tal empresa fuera emprendida con todos sus costos económicos, sociales y ambientales, su objetivo final, la restauración efectiva del Estero Pupío, sería imposible de lograr, puesto que ese curso de agua fue producto de eventos geológicos y geomorfológicos irrepetibles.

Más allá de lo anecdótico de esta situación cabe preguntarse qué es lo que no ha funcionado en nuestro sistema de resguardo ambiental que ha llevado a situaciones como el caso de El Mauro. Tal vez deberíamos partir por nuestra propia garantía constitucional de vivir en ambientes libres de contaminación. Naturalmente ella constituye una utopía para un país como el nuestro, pero las garantías constitucionales no deberían serlo, porque sobre ellas reposa nuestra institucionalidad y cuando se constata su imposibilidad de cumplimiento ello afecta al conjunto de la legalidad. Es evidente que no podemos vivir sólo de la belleza del paisaje. Hasta ahora no hemos sido capaces de desarrollar industrias avanzadas y seguiremos dependiendo por un buen tiempo de los recursos naturales y de actividades como la minería, que desde luego implican costos ambientales. Sería mejor reconocerlos y enfrentar el hecho con leyes  y reglamentos simples pero efectivos y destinados a ser cumplidos y a garantizar lo esencial, lo que no siempre estamos dispuestos a asumir en una sociedad que tiende a valorar más la “viveza” que la inteligencia.  A ese respecto ha habido desprolijidad y las compensaciones económicas han tendido a dejar de lado la preocupación por el ambiente y la salud humana. Cómo en otros sectores de la vida nacional, necesitamos mayor transparencia y sinceridad para enfrentar los problemas en lugar de ocultarlos detrás de slogans, que tan buenos somos para acuñar.  No menos importante es reconocer que la retórica y un buen grado de demagogia han usurpado parte del terreno que corresponde propiamente a la ciencia, cuyas leyes son menos moldeables que las leyes humanas, y que finalmente terminan por pasarnos la cuenta cuando procuramos ignorarlas.