martes, 18 de diciembre de 2012

Evaluaciones Ambientales y Acreditaciones Universitarias: En Busca del Sentido Perdido



Dos instrumentos de gestión destinados a mejorar nuestra calidad de vida son hoy centro de  polémicas y motivo de enfrentamientos políticos y de acciones judiciales. En el calor de las discusiones es previsible que se olvide su razón de ser, así como las condiciones que ambos instrumentos requieren para cumplir efectivamente sus objetivos, tema de estas reflexiones.

La evaluación del impacto ambiental se implementó primero en EEUU a principios de los 1970`s, con énfasis en los posibles efectos ambientales negativos de las actuaciones del propio Gobierno. Su filosofía básica es que toda intervención sobre el medio natural tiene aspectos negativos, además de los beneficios que la justifican. En consecuencia, vale la pena estimarlos para ver si el balance final es positivo, así como para establecer las acciones y resguardos necesarios para limitar sus impactos. Puesto que el ambiente natural es muy complejo y las metodologías de análisis  son limitadas, se entiende que existirá un amplio grado de incertidumbre y la necesidad de vigilar y contrastar los reales efectos ambientales con las predicciones realizadas. Por eso la gestión ambiental debe estructurarse sobre la base de la evaluación realizada y estar atenta para actuar frente a las naturales desviaciones que se presenten. Desde luego, cualquier modificación posterior en términos de expansión o modificación del proyecto original implica un alto riesgo.

Al respecto, la garantía constitucional de vivir en ambientes libres de contaminación  es encomiable como ideal, pero pasa a ser un problema cuando se  toma al pie de la letra, y se procura disimular a toda costa los efectos ambientales reales de los proyectos. En efecto, sería mucho mejor aceptar la realidad y trabajar sobre ella para mejorarla, entendiendo que todo tiene un costo y que una sociedad madura debería ser capaz  de decidir cuando ellos son ambiental y  éticamente aceptables y cuando no lo son.

Por otro lado, las acreditaciones universitarias surgieron en Chile principalmente como una medida destinada a enfrentar los riesgos de calidad que implicaba la proliferación de universidades que siguió a la legislación de principios de los 1980`s. En EEUU la acreditación se utiliza como un instrumento de gestión  destinado a perfeccionar el quehacer institucional, pero no tiene la repercusión mediática que ha alcanzado en Chile. En ese país, la autorización para el ejercicio profesional es otorgada por el equivalente de nuestros colegios profesionales, los que cuentan con exámenes habilitantes. Por otra parte se entiende que la calidad de una universidad es mucho más que la implementación de un sistema de gestión y que tal sistema sólo es efectivo en la medida que la universidad cuente con un cuerpo académico y administrativo de calidad y con prácticas que permitan conjugar  tradición con innovación.

Cómo en otras materias, la acreditación universitaria en Chile se ha visto afectada por algunas actitudes propias  de nuestra idiosincrasia.  Entre ellas, la tendencia a convertir un medio en un fin por sí mismo (como lo ocurrido con la PSU) y  a sobrevalorar el discurso sobre la realidad . Por otra parte, los rígidos criterios y los formatos evaluativos dejan poco espacio para lo que más importa (como la calidad del cuerpo académico y la dedicación de docentes y alumnos) y enfatizan en cambio lo que pueden ser simples adaptaciones estructurales a lo esperado por los acreditadores, con poco asiento real en la práctica efectiva.
El concepto de que la acreditación es sinónimo de supervivencia institucional ha dado lugar a situaciones tan graves como las que actualmente examina la justicia. Por otra parte, el anuncio de medidas aún más radicales sólo agrega tensión a un medio en el que la moderación, el buen sentido y la mirada a largo plazo deberían ser, junto con la honestidad y el rigor académico, los principales elementos ordenadores. Por supuesto, ello requiere políticas y orientaciones estables de parte de las autoridades superiores del país, sin las cuales es imposible realizar un trabajo serio.

En suma, tanto en materia de evaluación del impacto ambiental como de acreditación de universidades, existe el permanente riesgo de privilegiar la forma sobre el fondo, así como el discurso sobre los hechos reales, con las consecuencias negativas esperables. Cuando al final la realidad aflora, ello puede obligar al cierre traumático de la operación contaminante o del proyecto universitario fallido. ¿No sería mejor retornar al simple pero importante objetivo original de ambos instrumentos de gestión, vale decir, conocer y perfeccionar?