El “efecto invernadero” del CO2, CH4, NO2 y otros gases es un hecho científico reconocido. También existe considerable acuerdo respecto a sus probables efectos negativos en términos del cambio climático y sus consecuencias, aunque su cuantificación a través de modelos predictivos está sujeta a altos niveles de incertidumbre. En todo caso, ese acuerdo ha llevado a iniciativas internacionales como el Protocolo de Kyoto, que buscan acuerdos para reducir sus emisiones conforme a metas definidas en el tiempo. Sin embargo, puesto que gran parte de la actividad económica implica emisiones de CO2, las naciones industrializadas que han suscrito dicho acuerdo difícilmente pueden cumplirlo. Por otra parte, grandes emisores como EEUU y China se han negado a asumir compromisos con metas definidas de reducción, lo que contribuyó al fracaso de la conferencia de Copenhagen (Diciembre 2009). Más difícil todavía sería obtener compromisos de parte de países como India o Brasil, que son emisores industriales importantes pero se amparan en su condición de subdesarrollo.
Una de la provisiones del Protocolo de Kyoto es la del Mecanismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Limpio (CDM). Su idea básica es que resulta más fácil lograr disminuciones de CO2 u otros gases invernadero en nuevos proyectos de los países en desarrollo que en aquellos de alto nivel industrial, debido a la menor calidad ambiental de los primeros. En consecuencia, se puede lograr disminuir sus emisiones con un menor costo relativo, imputando la diferencia lograda a favor del país industrial que financia esa reducción, el cual puede imputar esa variación a su compromiso de reducción. Por lo tanto, está en condiciones de emitir más de lo comprometido sin salirse, sin embargo, del marco de cumplimiento. Ello puede lograrse financiando iniciativas que permitan emitir menos CO2 que el considerado en el proyecto original o que permitan captar o retener CO2. También puede ser mediante conversión de CH4 en CO2, considerando el mayor efecto invernadero que presenta el metano. Una condición requerida para la transacción es que la mejora financiada no esté considerada en el proyecto inicial, ni sea económicamente viable sin la venta de los “bonos de carbono” respectivos al país industrial interesado (concepto de “adicionalidad”).
Si los bonos de carbono efectivamente cumplen la función para la cual fueron diseñados, sin duda constituirían un instrumento valioso. Si no fuera así, representarían un serio peligro, puesto que al incumplimiento de las metas libremente comprometidas se agregaría el autoengaño. Dos artículos recientes ilustran una y otra posibilidad.
El de M. Mukerjee (Scientific American, Junio 2009, pp 9-10) expone los aspectos oscuros de esta iniciativa, que ya ha permitido emitir unos 250 millones de toneladas de CO2 en exceso desde su implementación el 2005, cantidad que podría “dispararse” a unos 2900 millones el año 2012, considerando las iniciativas en curso. Un primer reparo concierne a la efectividad de las reducciones logradas, dadas las ambigüedades que involucra el concepto de adicionalidad respecto a las características efectivas del proyecto inicial. A ello se agrega el hecho de que muchos proyectos adscritos a este mecanismo ya estaban terminados antes de recibir su acreditación como beneficiarios. Sin embargo, aún más graves son sus posibles “efectos perversos”, como la adopción por los países “vendedores” de proyectos especialmente contaminantes, tales como las centrales termoeléctricas a carbón, para maximizar los créditos obtenidos por su substitución. Por otra parte, esos mismos proyectos termoeléctricos a carbón podrían ser beneficiarios de la venta de bonos de carbono si incluyeran modificaciones al diseño original que implicaran costos adicionales y mejoraran su eficiencia energética. La situación puede ser llevada a extremos como en el caso de Nigeria, importante productor de petróleo, donde los bonos de carbono ayudan a obtener ganancias de una práctica supuestamente ilegal en ese país: la quema al aire libre del metano que acompaña al petróleo extraído (bonos justificados por el mayor “efecto invernadero” del CH4 respecto al CO2). Dicha quema dispersa en la atmósfera compuestos orgánicos cancerígenos y genera óxidos de nitrógeno (qué son precursores de lluvia ácida). Las empresas petroleras que operan en Nigeria están quemando el 40% del gas natural, el que podría en cambio ser utilizado para producir energía eléctrica: Proyecto Kwale, desplazado por el mejor negocio que implica su simple combustión, subvencionada por la venta de bonos de carbono.
En cambio, el artículo de A. Marshall y U. Masen (Time, edición europea, Noviembre 30, pp38-43) describe una positiva situación que puede ser financiada en parte por los bonos de carbono: salvar los bosques de lluvia de Ulu Masen, Indonesia. Aparte de su notable valor en términos de biodiversidad y de la existencia de maderas finas, la preservación de esos bosques implica evitar el paso de unos 100 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en el curso de los próximos 30 años. Esta iniciativa se inscribe en otro programa de las Naciones Unidas: “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en Países en Desarrollo” (REDD). Si las cosas ocurren según lo planificado, el bosque de Ulu Masen constituiría el primer proyecto según el esquema REDD financiado en parte mediante la venta de bonos de carbono. Proyectos de este tipo tendrían especial valor en áreas sujetas a hundimiento tectónico, en las cuales la vegetación permite no solamente conservar sino que también contribuye a enterrar continuamente el carbono captado de la atmósfera.
Una de la provisiones del Protocolo de Kyoto es la del Mecanismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Limpio (CDM). Su idea básica es que resulta más fácil lograr disminuciones de CO2 u otros gases invernadero en nuevos proyectos de los países en desarrollo que en aquellos de alto nivel industrial, debido a la menor calidad ambiental de los primeros. En consecuencia, se puede lograr disminuir sus emisiones con un menor costo relativo, imputando la diferencia lograda a favor del país industrial que financia esa reducción, el cual puede imputar esa variación a su compromiso de reducción. Por lo tanto, está en condiciones de emitir más de lo comprometido sin salirse, sin embargo, del marco de cumplimiento. Ello puede lograrse financiando iniciativas que permitan emitir menos CO2 que el considerado en el proyecto original o que permitan captar o retener CO2. También puede ser mediante conversión de CH4 en CO2, considerando el mayor efecto invernadero que presenta el metano. Una condición requerida para la transacción es que la mejora financiada no esté considerada en el proyecto inicial, ni sea económicamente viable sin la venta de los “bonos de carbono” respectivos al país industrial interesado (concepto de “adicionalidad”).
Si los bonos de carbono efectivamente cumplen la función para la cual fueron diseñados, sin duda constituirían un instrumento valioso. Si no fuera así, representarían un serio peligro, puesto que al incumplimiento de las metas libremente comprometidas se agregaría el autoengaño. Dos artículos recientes ilustran una y otra posibilidad.
El de M. Mukerjee (Scientific American, Junio 2009, pp 9-10) expone los aspectos oscuros de esta iniciativa, que ya ha permitido emitir unos 250 millones de toneladas de CO2 en exceso desde su implementación el 2005, cantidad que podría “dispararse” a unos 2900 millones el año 2012, considerando las iniciativas en curso. Un primer reparo concierne a la efectividad de las reducciones logradas, dadas las ambigüedades que involucra el concepto de adicionalidad respecto a las características efectivas del proyecto inicial. A ello se agrega el hecho de que muchos proyectos adscritos a este mecanismo ya estaban terminados antes de recibir su acreditación como beneficiarios. Sin embargo, aún más graves son sus posibles “efectos perversos”, como la adopción por los países “vendedores” de proyectos especialmente contaminantes, tales como las centrales termoeléctricas a carbón, para maximizar los créditos obtenidos por su substitución. Por otra parte, esos mismos proyectos termoeléctricos a carbón podrían ser beneficiarios de la venta de bonos de carbono si incluyeran modificaciones al diseño original que implicaran costos adicionales y mejoraran su eficiencia energética. La situación puede ser llevada a extremos como en el caso de Nigeria, importante productor de petróleo, donde los bonos de carbono ayudan a obtener ganancias de una práctica supuestamente ilegal en ese país: la quema al aire libre del metano que acompaña al petróleo extraído (bonos justificados por el mayor “efecto invernadero” del CH4 respecto al CO2). Dicha quema dispersa en la atmósfera compuestos orgánicos cancerígenos y genera óxidos de nitrógeno (qué son precursores de lluvia ácida). Las empresas petroleras que operan en Nigeria están quemando el 40% del gas natural, el que podría en cambio ser utilizado para producir energía eléctrica: Proyecto Kwale, desplazado por el mejor negocio que implica su simple combustión, subvencionada por la venta de bonos de carbono.
En cambio, el artículo de A. Marshall y U. Masen (Time, edición europea, Noviembre 30, pp38-43) describe una positiva situación que puede ser financiada en parte por los bonos de carbono: salvar los bosques de lluvia de Ulu Masen, Indonesia. Aparte de su notable valor en términos de biodiversidad y de la existencia de maderas finas, la preservación de esos bosques implica evitar el paso de unos 100 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en el curso de los próximos 30 años. Esta iniciativa se inscribe en otro programa de las Naciones Unidas: “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en Países en Desarrollo” (REDD). Si las cosas ocurren según lo planificado, el bosque de Ulu Masen constituiría el primer proyecto según el esquema REDD financiado en parte mediante la venta de bonos de carbono. Proyectos de este tipo tendrían especial valor en áreas sujetas a hundimiento tectónico, en las cuales la vegetación permite no solamente conservar sino que también contribuye a enterrar continuamente el carbono captado de la atmósfera.
Considerando el tema expuesto en términos más amplios, parece evidente que la solución al tema del cambio climático requiere transformaciones tecnológicas, económicas y sociales de mucha mayor envergadura que las emprendidas hasta ahora. Si los países industriales no avanzan resueltamente en esa dirección, cualquier iniciativa del tipo de los “bonos de carbono” sólo servirá para tranquilizar la conciencia frente a un peligro potencial cuya magnitud y evolución temporal son actualmente desconocidas.
Hola! Tengo una duda que sería: ¿Qué tipo de proyectos se llevarían a cabo para la reducción de emisiones que afectan el cambio climático? Además de los que se generan para su certificación como limpieza de ríos y lagos, generación de energías renovables, etc.
ResponderEliminarMuchas gracias por su atención.