LA EXPLORACIÓN MINERA: ¿POR QUÉ?

La pregunta formulada podría parecer fuera de lugar en un país como Chile, cuya principal fuente de ingresos es la industria minera. Sin yacimientos conocidos no hay minería y los yacimientos hay que encontrarlos, lo cual es tarea de la exploración minera. Sin embargo, nuestro país no ha tenido una preocupación ni una acción consistente en esta materia. Por ejemplo, por varios años (los más importantes en términos de oportunidades) CODELCO invirtió muy poco en exploración de nuevos yacimientos, y nuestro servicio geológico ha carecido de políticas definidas en esta materia, que ha estado sujeta a los puntos de vista cambiantes de las distintas administraciones. Por otra parte, tampoco hemos tenido una participación significativa de empresas mineras nacionales, las que han sido más bien reticentes a participar en esta arriesgada actividad, principalmente realizada por empresas extranjeras. Al respecto, no se trata sólo de un tema económico, puesto que esa participación sí ha existido en Perú, donde empresas nacionales del país, como el grupo Buenaventura, han sido muy exitosas en esta actividad.

La exploración minera se realiza con diversos propósitos: Desde luego, para obtener riqueza. En tal sentido, se la ha calificado como “el mejor sistema de apuestas del mundo”. Como en todo sistema de apuestas, son más los que pierden que los que ganan, pero cuando hay aciertos, las ganancias pueden ser enormes. Esta es la razón de ser de las empresas “junior” canadienses, que obtienen parte de sus capitales de los excedentes de médicos, dentistas, abogados y otros profesionales económicamente exitosos. Su objetivo no es explotar los yacimientos descubiertos, sino venderlos a grandes empresas mineras expertas en esas operaciones. A su vez, éstas también realizan exploraciones para reponer sus reservas y desarrollar nuevos proyectos, de preferencia en las proximidades de sus actuales explotaciones. La exploración minera también interesa a los gobiernos nacionales. En la palabras del actual Ministro de Minería, Laurence Golborne, “el tema de la exploración es crítico” (Minería Chilena, Abril 2010). Esto, por distintas e importantes razones. En primer lugar, porque la demanda mundial de minerales es abastecida por un número limitado de yacimientos, que son seleccionados por el mercado conforme a su ley, magnitud y otras características del depósito y de su contexto (geográfico, político, legal, etc). Si en un país se explora poco, la probabilidad de participar como futuro proveedor de minerales disminuye. En el caso de Chile, se une a lo anterior su condición de propietario de una gran empresa minera, que necesita reponer sus reservas, de preferencia con minerales de mejor ley que la de sus actuales existencias. La revista citada incluye también un informe del Metals Economic Group que describe la distribución de las inversiones mundiales en exploración minera el año 2009, tanto en términos de metales como de países. En el primer aspecto sobresale el interés por el oro que desplaza al cobre a un segundo lugar, probablemente como consecuencia de la crisis económica, y el renacimiento del interés por el uranio, que se explica por la necesidad de limitar las emisiones de CO2 debidas a la actividad de las termoeléctricas a carbón. En términos de países, Perú se situó en un tercer lugar, después de Canadá y Australia, quedando Chile en un séptimo lugar. Una limitante de nuestro país es la relativa escasez de terrenos geológicamente interesantes que no estén protegidos por propiedades mineras ya constituidas.

La exploración minera, más allá de ocasionales “golpes de suerte” no es en absoluto una actividad sencilla y requiere, aparte de conocimiento y experiencia, mucha prolijidad, perseverancia y atrevimiento. Todo ello estuvo presente en uno de los más grandes descubrimientos del pasado siglo: Olympic Dam, gigantesco y rico yacimiento de cobre, oro y uranio descubierto en Australia en 1975. En ese notable caso fue la atrevida hipótesis de un joven geólogo, apoyado por una gran empresa dispuesta a correr riesgos, lo que condujo finalmente al éxito. Sin embargo éste no llegó de inmediato, ya que los primeros sondajes fueron estériles y se necesitó replantearlos para finalmente cortar el yacimiento, el que nada tenía que ver con el supuesto por la hipótesis inicial. Es difícil imaginar que una situación así pudiera tener lugar dentro de nuestra cultura (en general contraria al riesgo, excepto en materias de tránsito). En las palabras de David Lowell, que condujo el descubrimiento de Escondida entre otros aciertos, “el exploracionista debe estar dispuesto a equivocarse, porque la mayoría de las veces lo estará”. Sin embargo, en Chile tiene a su favor la disposición ordenada de sus yacimientos en fajas norte-sur, formadas en el curso de su evolución geológica. A esta disposición puede agregarse el festivo pero inteligente consejo de Francisco Ortiz, colaborador de Lowell en el descubrimiento de Escondida, en cuanto a buscar los yacimientos al lado de los caminos o de las vías férreas, cuya utilidad está ilustrada por los casos de Escondida y de Spence (la explotación del segundo obligó a desviar el camino de Antofagasta a Calama). Su fundamento radica en que esos caminos siguen bajos topográficos, producto de grandes zonas de falla transversales a las fajas norte –sur, las que contribuyeron al emplazamiento de los complejos mineralizados.

Es de esperar que los esfuerzos que actualmente se realizan en Chile y en particular en nuestra Región, den lugar a descubrimientos que aseguren nuestro futuro minero. Su conversión en proyectos mineros viables dependerá también de la disponibilidad de agua para las operaciones, un recurso crecientemente escaso, así como de sus efectos ambientales y del desarrollo de relaciones armoniosas con las comunidades afectadas. Al respecto, un factor importante es la composición químico-mineralógica del cuerpo mineralizado y su entorno. Esa materia fue abordada en un curso reciente de Geoquímica Aplicada organizado por el Depto. Ingeniería de Minas de la Universidad de La Serena con la participación de investigadores españoles. La actitud interesada y positiva de los numerosos participantes dio un optimista panorama de su interés en compatibilizar el éxito de sus exploraciones con el resguardo de nuestro patrimonio ambiental.

UN ARTÍCULO DE LA REVISTA TIME Y LA OPORTUNIDAD ABIERTA

El número del 15 de Marzo de la edición europea de la revista Time contiene un artículo y fotografías de los efectos del sismo y tsunami del 27 de Febrero. Al comparar la enorme diferencia en pérdidas de vidas respecto al terremoto de Haití, que causó más de 200 mil muertes, el corresponsal Eben Harrell concluye: “Chile es un país suficientemente rico y bien gobernado como para obligar a que sus edificios resistan los sismos, y que cuenta con ingenieros y expertos en desarrollo capaces. Cuando las cosas se destruyen, Chile nos recuerda que tiene la capacidad para repararlas”.
Desde luego, son apreciaciones justas, que podemos recibir con legítimo orgullo. Efectivamente, la nación y el estado chileno han dado repetidas pruebas de su capacidad de organización, habilidad técnica, realismo y solidaridad para enfrentar eventos extremos. Ello nos asegura que hay buenas bases para la reconstrucción, especialmente cuando el precio del cobre, las reservas acumuladas y la baja deuda externa abren las opciones para su financiamiento, y gobierno y oposición enfrentan la tarea con auténtica visión de país.
Sin embargo, sería lamentable que todo el esfuerzo se centrara sólo en reconstruir, sin aprovechar las lecciones recibidas y la oportunidad abierta para dar un salto adelante en nuestra mentalidad y conducta habituales (como la de dejar todo para el último día…). Porque si bien las pérdidas de vidas no fueron cuantiosas, considerando la magnitud del sismo y las especiales características del tsunami, cada muerte que pudo haber sido evitada llama a rectificar errores y negligencias. Por otra parte, los daños sufridos por quienes perdieron sus viviendas, y en los bienes públicos y las empresas afectadas, son demasiado grandes – unos 30 mil millones de dólares- como para no buscar soluciones más seguras frente a futuros eventos de similar magnitud. Al respecto, una primera buena noticia es el anuncio del Gobierno de la dictación de normas antisísmicas más exigentes para hospitales, escuelas y puentes. Ello podría complementarse con planos de zonificación geotécnica que indiquen las áreas de mayor riesgo frente a eventos sísmicos, inundaciones, deslizamientos de tierras y otros riesgos naturales. Tales planos, que serían complementarios de los actuales planos reguladores, permitirían evitar en lo posible construir en los lugares de mayor riesgo, o bien hacerlo con los debidos resguardos, si ello fuera imprescindible.
También entendemos que mejorarán las comunicaciones en caso de catástrofes o apagones. Una medida sencilla y de bajo costo pero muy útil (practicada en los EEUU), sería dotar a ONEMI de una estación de radio que transmita en onda media, dotada de un grupo electrógeno para emergencias y de dos estaciones repetidoras en el norte y sur del país respectivamente. En tiempos normales, sus emisiones estarían dedicadas a educar a la población en materias de seguridad, cuidado de la salud etc. Ante cualquier emergencia, mantendría al país informado, aprovechando un recurso tan abundante, seguro y barato como las radios a pilas.
Alain Peyrefitte (“Milagros Económicos”, Ed. Andrés Bello, 1997) y otros autores han destacado la importancia de una “ética de la confianza” como condición básica para el desarrollo económico. Esto, porque sólo la confianza entre proveedores y compradores así como entre socios comerciales, promueve relaciones duraderas entre personas, empresas e instituciones. Los saqueadores que buscaron lucrar con la desgracia colectiva generaron un rechazo general. Sin embargo, ello no debe ocultarnos el hecho de que nuestra sociedad tiende a admirar más la “viveza” (como el famoso gol de Maradona) que el trabajo responsable. Ni el robo ni el soborno en sus diferentes formas tienen el suficiente rechazo social ni el peso de una legislación exigente, especialmente si se trata del delito de “cuello y corbata”. Ello se aprende desde el colegio, donde el estudioso recibe apodos despectivos y el bueno para la copia los aplausos de sus compañeros. Más tarde lo veremos en las concertaciones de precios, en las triangulaciones oscuras de fondos públicos o semipúblicos, en las mutuas destrucciones de propaganda en épocas electorales, etc. Al respecto, nuestros profesores y nuestro Ministerio de Educación tienen un importante rol que cumplir, al privilegiar el trabajo serio, honesto y bien hecho sobre el simple logro de resultados. A ese respecto, habría que cuidar el efecto distorsionador que tiene el obtener puntajes a como dé lugar.
Finalmente, las catástrofes y sus víctimas nos dan la ocasión de apreciar el valor de cada vida humana, el mismo que puede pasar desapercibido bajo otras circunstancias. Si consideramos las cosas con objetividad, veremos que pasan 10 o más años entre sismos importantes y que habían transcurrido 50 años desde el último tsunami. En cambio, al ritmo actual de los accidentes del tránsito, que cuestan anualmente unas 1500 vidas, muchas de ellas de jóvenes, la probabilidad de morir en Chile a consecuencias de un sismo o tsunami es 30 a 50 veces menor que la de ser víctima de dichos accidentes. A ello contribuye nuestra imprudencia cultural y una legislación que sigue siendo benévola para quienes ocasionan muertes bajo la influencia del alcohol. Si de verdad apreciamos el valor de la vida humana, ahí tenemos una verdadera oportunidad de mejorar como país, actuando con efectivo respeto y cuidado hacia los demás. Esto, aunque cometan errores y no sean los buenos conductores que cada uno de nosotros cree ser.
En suma, sin duda tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas bien: mejores hospitales y escuelas, mejores casas para los damnificados (no mediaguas transitorias convertidas en permanentes), mejores normas antisísmicas y sistemas de comunicación, etc. Lo anterior, sin comprometer los avances logrados en materia de regionalización (porque el exagerado centralismo se hace cada vez más difícil de tolerar) ni afectar lo conseguido en protección ambiental, puesto que sería destruir el patrimonio de las próximas generaciones. Ojalá aprovechemos también la oportunidad para mejorar nuestras actitudes y valores, de manera de avanzar al futuro convencidos de que cada uno cumplirá a conciencia su tarea y que merece plenamente nuestra confianza.

EL DÍA DESPUÉS: REFLEXIONES SOBRE EL SISMO Y LO QUE VENDRÁ

Nuevamente una catástrofe sísmica ha remecido a Chile. Aunque los expertos habían señalado su alta probabilidad, área aproximada y posible magnitud, tampoco ellos sabían con precisión y seguridad cuando, donde ni cuan grave sería. La ciencia está lejos aún de ese nivel de logros y lo único seguro es que en el futuro tendremos nuevos eventos sísmicos y algunos de ellos serán de similar magnitud. En consecuencia, sólo cabe estar siempre preparados y hacer las cosas de manera que sus costos humanos y materiales sean los menores posibles. Respecto a los tsunamis se cuenta con un buen sistema de aviso cuando estos tienen un origen lejano, como los debidos a sismos producidos en los arcos de islas del Pacífico. Para los tsunamis debidos a sismos de magnitud Richter superior a 7.5 cuyo foco se sitúa entre nuestra fosa oceánica y la costa, el tiempo de respuesta es muy corto, normalmente pocas decenas de minutos, debido a que la velocidad de propagación alcanza varios cientos de km/hora. En consecuencia, la confirmación oficial puede llegar demasiado tarde y en el caso de fuertes sismos las personas deben procurar refugiarse en algún sitio elevado factible de alcanzar (que también puede ser el 5º o 6º piso de un edificio de altura no afectado por el movimiento). Desde luego la situación es diferente para el caso del archipiélago de Juan Fernández o la Isla de Pascua, que sí deberían recibir un aviso oportuno. Por otra parte, el desarrollo de un tsunami puede ser muy complejo, y éste sin duda lo fue, debido a la cercanía del foco sísmico al Continente y a la sinuosidad del litoral, en particular del Golfo de Arauco. De manera que después de la primera ola que alcanzó a Constitución (unos 15 minutos después del sismo principal), se generaron varias olas secundarias por reflexión en el borde costero, las que afectaron a varias localidades algunas horas después. En consecuencia, tanto por esta razón como por el riesgo de réplicas de energía similar a la del sismo principal, es conveniente mantenerse alejado de la costa durante un tiempo prudente.

Por otra parte, se sabe bastante bien qué se puede hacer para disminuir el efecto destructivo de sismos y tsunamis, aunque este conocimiento no siempre se pone en práctica y puede ser olvidado en las etapas de reconstrucción, cuando se supone que pasará mucho tiempo hasta una nueva catástrofe. A modo de ejemplos, se conoce el riesgo que implica construir edificios en lugares con pobre contención lateral, como cerca de los bordes de terrazas fluviales o marinas. En general, en muchos casos no basta con conocer el comportamiento mecánico del suelo, sino que también es necesario apreciar el contexto geológico e hidrogeológico del sitio. También se sabe que conviene privilegiar el diseño de estructuras sencillas y sólidas, pero con frecuencia se opta por formas complejas, de mayor lucimiento pero de menor solidez. Igualmente es importante prestar suficiente atención a la seguridad de las terminaciones, como los sistemas de iluminación o los dispositivos para “bajar el techo” utilizados con fines estéticos. Lo ocurrido en el aeropuerto internacional de Santiago, donde el piso quedó cubierto de planchas metálicas desprendidas de los techos, que podrían haber tenido efectos letales de haber ocurrido el sismo a otra hora del día, ilustran esta falta de previsión.

Respecto a la reconstrucción de caletas y poblados costeros ¿se considerará la posibilidad de situar las casas a suficiente altura y distancia de la costa? Desde luego esto puede ser menos confortable y pintoresco, pero podría otorgar más seguridad y tranquilidad a sus habitantes, aunque los obligue a caminar diariamente a sus sitios de trabajo. La reconstrucción de poblaciones, edificios y obras civiles ¿privilegiará su efectiva seguridad y duración, o bien los factores de costo y velocidad de entrega? Al respecto, hay un gran riesgo de que las “soluciones provisorias” se conviertan en permanentes. Es verdad que hay muchos que “no pueden esperar” pero no se debe perder la oportunidad de, esta vez, hacer bien las cosas (como se construyó el Metro de Santiago). En el pasado, nuestro país no contaba con sistemas ISO 9000 que aseguraran la calidad de las obras… pero esa calidad estaba en la formación y en los valores de los ingenieros responsables, y las obras que han resistido son su mejor testimonio.

El sismo nos mostró la diferencia entre “ser y parecer” así como las limitaciones de las impresionantes tecnologías de vanguardia. El caso de la incomunicación que afectó a buena parte del país, pese a ser Chile uno de los países más comunicados del mundo (demasiado comunicado a veces…) es un buen ejemplo que ojalá se aproveche. Es imprescindible contar con un centro de comunicación que entregue informaciones confiables en onda media, y que estas puedan ser recibidas por radios a pilas cuando se interrumpe el sistema eléctrico interconectado. Ello permitiría lograr conductas más oportunas y tranquilas de la población frente a todo tipo de emergencias. Desde luego la labor de los comunicadores privados en extremadamente importante, pero también se requiere que el Estado tenga una voz alerta y directa en esas ocasiones.

El sismo ha mostrado una vez más la tradicional solidaridad de los chilenos y la entereza de muchos para volver a construir su vida a partir de cero. Sin embargo exhibió igualmente lacras sociales ya conocidas, manifestadas en saqueos, incendios, robo de señales de alerta de caminos cortados etc. Ellas ya han aflorado con frecuencia desde hace décadas con ocasión de conmemoraciones políticas, manifestaciones estudiantiles o eventos deportivos. El ambiente que las nutre tiene varias causa-raíces, que es necesario enfrentar con energía y convencimiento. Entre ellas están las de orden socio económico, el negocio de las drogas (y no dejemos el alcohol afuera), la delincuencia como “modo de vida” y cierto aprovechamiento político extremista. Por otro lado, los llamados “valores” han ido desapareciendo del discurso político-social e incluso son considerados “políticamente incorrectos”, excepto en ocasiones excepcionales, cuando se revela su importancia para la cohesión social. La educación tiene al respecto una formidable y muy difícil tarea, que no se logrará si no va acompañada de ejemplos de conducta a todos los niveles de la sociedad.

Finalmente, procuremos que el respeto por nuestra normativa ambiental no sufra las consecuencias de esta emergencia. Los impactos ambientales generan daños menos perceptibles que los sismos y tsunamis. Sin embargo producen un daño acumulativo a nuestro patrimonio natural, así como a la propia salud humana y a la esperanza y calidad de vida de la población más vulnerable. En el fondo, la conclusión puede ser muy sencilla pero exigente: esforzarnos en hacer muy bien las cosas, sin perder el tiempo y aprovechando los conocimientos disponibles y las experiencias dolorosamente adquiridas.

BONOS DE CARBONO: ENTRE EL CUMPLIMIENTO Y EL AUTOENGAÑO

El “efecto invernadero” del CO2, CH4, NO2 y otros gases es un hecho científico reconocido. También existe considerable acuerdo respecto a sus probables efectos negativos en términos del cambio climático y sus consecuencias, aunque su cuantificación a través de modelos predictivos está sujeta a altos niveles de incertidumbre. En todo caso, ese acuerdo ha llevado a iniciativas internacionales como el Protocolo de Kyoto, que buscan acuerdos para reducir sus emisiones conforme a metas definidas en el tiempo. Sin embargo, puesto que gran parte de la actividad económica implica emisiones de CO2, las naciones industrializadas que han suscrito dicho acuerdo difícilmente pueden cumplirlo. Por otra parte, grandes emisores como EEUU y China se han negado a asumir compromisos con metas definidas de reducción, lo que contribuyó al fracaso de la conferencia de Copenhagen (Diciembre 2009). Más difícil todavía sería obtener compromisos de parte de países como India o Brasil, que son emisores industriales importantes pero se amparan en su condición de subdesarrollo.

Una de la provisiones del Protocolo de Kyoto es la del Mecanismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Limpio (CDM). Su idea básica es que resulta más fácil lograr disminuciones de CO2 u otros gases invernadero en nuevos proyectos de los países en desarrollo que en aquellos de alto nivel industrial, debido a la menor calidad ambiental de los primeros. En consecuencia, se puede lograr disminuir sus emisiones con un menor costo relativo, imputando la diferencia lograda a favor del país industrial que financia esa reducción, el cual puede imputar esa variación a su compromiso de reducción. Por lo tanto, está en condiciones de emitir más de lo comprometido sin salirse, sin embargo, del marco de cumplimiento. Ello puede lograrse financiando iniciativas que permitan emitir menos CO2 que el considerado en el proyecto original o que permitan captar o retener CO2. También puede ser mediante conversión de CH4 en CO2, considerando el mayor efecto invernadero que presenta el metano. Una condición requerida para la transacción es que la mejora financiada no esté considerada en el proyecto inicial, ni sea económicamente viable sin la venta de los “bonos de carbono” respectivos al país industrial interesado (concepto de “adicionalidad”).

Si los bonos de carbono efectivamente cumplen la función para la cual fueron diseñados, sin duda constituirían un instrumento valioso. Si no fuera así, representarían un serio peligro, puesto que al incumplimiento de las metas libremente comprometidas se agregaría el autoengaño. Dos artículos recientes ilustran una y otra posibilidad.

El de M. Mukerjee (Scientific American, Junio 2009, pp 9-10) expone los aspectos oscuros de esta iniciativa, que ya ha permitido emitir unos 250 millones de toneladas de CO2 en exceso desde su implementación el 2005, cantidad que podría “dispararse” a unos 2900 millones el año 2012, considerando las iniciativas en curso. Un primer reparo concierne a la efectividad de las reducciones logradas, dadas las ambigüedades que involucra el concepto de adicionalidad respecto a las características efectivas del proyecto inicial. A ello se agrega el hecho de que muchos proyectos adscritos a este mecanismo ya estaban terminados antes de recibir su acreditación como beneficiarios. Sin embargo, aún más graves son sus posibles “efectos perversos”, como la adopción por los países “vendedores” de proyectos especialmente contaminantes, tales como las centrales termoeléctricas a carbón, para maximizar los créditos obtenidos por su substitución. Por otra parte, esos mismos proyectos termoeléctricos a carbón podrían ser beneficiarios de la venta de bonos de carbono si incluyeran modificaciones al diseño original que implicaran costos adicionales y mejoraran su eficiencia energética. La situación puede ser llevada a extremos como en el caso de Nigeria, importante productor de petróleo, donde los bonos de carbono ayudan a obtener ganancias de una práctica supuestamente ilegal en ese país: la quema al aire libre del metano que acompaña al petróleo extraído (bonos justificados por el mayor “efecto invernadero” del CH4 respecto al CO2). Dicha quema dispersa en la atmósfera compuestos orgánicos cancerígenos y genera óxidos de nitrógeno (qué son precursores de lluvia ácida). Las empresas petroleras que operan en Nigeria están quemando el 40% del gas natural, el que podría en cambio ser utilizado para producir energía eléctrica: Proyecto Kwale, desplazado por el mejor negocio que implica su simple combustión, subvencionada por la venta de bonos de carbono.

En cambio, el artículo de A. Marshall y U. Masen (Time, edición europea, Noviembre 30, pp38-43) describe una positiva situación que puede ser financiada en parte por los bonos de carbono: salvar los bosques de lluvia de Ulu Masen, Indonesia. Aparte de su notable valor en términos de biodiversidad y de la existencia de maderas finas, la preservación de esos bosques implica evitar el paso de unos 100 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en el curso de los próximos 30 años. Esta iniciativa se inscribe en otro programa de las Naciones Unidas: “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en Países en Desarrollo” (REDD). Si las cosas ocurren según lo planificado, el bosque de Ulu Masen constituiría el primer proyecto según el esquema REDD financiado en parte mediante la venta de bonos de carbono. Proyectos de este tipo tendrían especial valor en áreas sujetas a hundimiento tectónico, en las cuales la vegetación permite no solamente conservar sino que también contribuye a enterrar continuamente el carbono captado de la atmósfera.

Considerando el tema expuesto en términos más amplios, parece evidente que la solución al tema del cambio climático requiere transformaciones tecnológicas, económicas y sociales de mucha mayor envergadura que las emprendidas hasta ahora. Si los países industriales no avanzan resueltamente en esa dirección, cualquier iniciativa del tipo de los “bonos de carbono” sólo servirá para tranquilizar la conciencia frente a un peligro potencial cuya magnitud y evolución temporal son actualmente desconocidas.

MÁS ALLÁ DEL CASO HAITÍ: POR QUÉ LAS CRISIS PUEDEN EMPEORAR

Durante varias décadas en la segunda mitad del Siglo 20, los excedentes agrícolas de EEUU ayudaron a mantener bajos los precios de los granos y apoyaron, a través de donaciones, a aquellos países que atravesaban emergencias alimentarias. Como señala el artículo de L.R. Brown (Scientific American, Mayo 2009, pp. 38-45), esta situación empezó a cambiar en los años 70`, cuando la ex Unión Soviética debió adquirir granos en el exterior para complementar sus insuficientes cosechas, contribuyendo a elevar su precio. Por otra parte, los logros de la “revolución verde” en los 60`y 70`fueron absorbidos por el crecimiento poblacional y los mayores costos de los insumos requeridos. Actualmente, un nuevo factor se ha sumado a esta difícil situación: el uso de los granos, en particular del maíz, para la elaboración de biocombustibles (etanol), el cual ya consume la cuarta parte de la producción de granos de los EEUU. Se trata de un proceso poco eficiente, tanto en términos económicos como ambientales, porque para llenar solamente el estanque de un vehículo todo terreno se necesita utilizar una masa de granos suficiente para alimentar a una persona durante un año entero. Desde luego, los EEUU son libres de destinar sus cosechas al fin que deseen. Sin embargo, no pueden ignorar el efecto que ello tiene en la elevación del precio de los granos y por lo tanto en las dificultades que implica su adquisición para los países pobres deficitarios. La preocupación por la disponibilidad y precio futuros ha llevado a varias naciones que disponen de recursos económicos a procurarse tierras agrícolas en otros países como un seguro para lo que vendrá: China, en Australia, Brasil, Birmania y Uganda; India, en Paraguay y Uruguay; Libia en Ucrania (250 mil acres), etc. Al contrario de los países pobres, los que disponen de mayores recursos destinan cerca de un 90% de los granos que cosechan o compran a su consumo indirecto (bajo forma de carne, leche o huevos) lo que multiplica por un factor de 4 sus necesidades por habitante.

Cómo en el caso del calentamiento global, la pérdida de la forestas como la amazónica (que regulan el ciclo hidrológico, retiran CO2 atmosférico y son refugios de biodiversidad) y la contaminación y sobreexplotación de los océanos, los problemas antes expuestos parecen evadir, por su magnitud y complejidad, cualquier posibilidad o voluntad de solución. Después de todo, los países desarrollados tienen sus propios problemas: crisis financiera, cesantía, competencia por el poder mundial, y los grandes países en desarrollo, como China, India o Brasil, destinan todos sus esfuerzos a incorporarse al grupo privilegiado. Si llegaran a unirse para ayudar a los más pobres a mitigar sus penurias, lo que es muy improbable más allá de casos excepcionales como el de Haití, seguramente encontrarían barreras en los mismos países favorecidos. Ello, porque afectarían intereses locales (siempre los hay), creencias religiosas o ideologías políticas en temas claves como el control de la sobrepoblación (un tema que también podría crear problemas en EEUU). En consecuencia, lo más seguro es que toda ayuda quede restringida a actos caritativos ocasionales con ocasión de catástrofes mayores.

Sin embargo, deberíamos reflexionar respecto hacia donde nos encaminamos como humanidad. Si lo que observamos en los países más desfavorecidos y la degradación ambiental que encontramos en todos los continentes no constituye el anuncio de un futuro más incierto del que solemos imaginar. Cuando en la Edad Media la llamada Peste Negra asoló Europa, muchos de los que no podían escapar a lugares aislados optaban por unirse a celebraciones macabras, bailando en las calles de las ciudades mientras esperaban la muerte que venía. Afortunadamente hoy contamos con avanzada comprensión científica de muchas relaciones causa-efecto y con extraordinarios logros tecnológicos. Sin embargo, seguimos sin contar con los acuerdos necesarios para enfrentar efectivamente los problemas ambientales más serios. Para lograrlo sería necesario que la población (al menos la de los países que cuentan con sistemas democráticos de gobierno) comprendiera y demostrara una efectiva preocupación por los problemas ambientales y sus posibles consecuencias. De otro modo, los políticos no actuarán decisivamente y tendremos que seguir contentándonos con gestos como la generación de algunas decenas de MW por fuentes energéticas renovables, mientras el grueso de la energía es provisto por nuevas plantas termoeléctricas a carbón. La gran interrogante es si esa comprensión y voluntad de cambio llegará cuando aún sea tiempo.

MÁS ALLÁ DEL CASO HAITÍ: LA TRAGEDIA DE LAS CRISIS ALIMENTARIAS

En el artículo anterior analizamos el caso de Haití, donde un sismo golpeó a un pequeño país, ya asolado por la destrucción de su patrimonio natural, la sobrepoblación y el desgobierno. En éste nos referiremos a un artículo de L.R. Brown publicado por Scientific American (mayo 2009, pp 38-45), que muestra como situaciones similares a las de Haití afectan hoy a cerca de mil millones de personas que habitan países pobres, ambientalmente degradados y sobrepoblados, afectados por crisis alimentarias. Lo que hace especialmente trágica la situación documentada por Brown es la serie de interconexiones lógicas de los factores en juego de carácter natural, económico y político. Ellas llevan fatalmente a que incluso las actuaciones mejor intencionadas terminen agravando las crisis que pretenden resolver. Por ejemplo, es fácil y de bajo costo eliminar las causas principales de mortalidad que antes limitaba naturalmente la población, pero es difícil y muy costoso procurar alimentación y trabajo para las poblaciones acrecentadas que resultan de ello. Igualmente, puede ser sencillo explotar reservorios fósiles de aguas subterráneas en zonas áridas, que permitan regar más tierras y aumentar el volumen de los rebaños. Sin embargo, agotados esos acuíferos, la población ahora expandida carece del recurso indispensable para sobrevivir (al respecto, un 15% de la producción agrícola actual de la India, correspondiente al consumo de 175 millones de personas, se obtiene bombeando agua de acuíferos fósiles, vale decir de agua “no renovable”). Es la lógica del desarrollo no sustentable en su más cruda expresión. En principio, podría parecer sencillo complementar esas actividades de apoyo con programas de control de natalidad que mantengan un equilibrio. Sin embargo ello es casi imposible en la práctica puesto que los valores culturales, creencias religiosas e intereses prácticos inmediatos (los hijos representan mano de obra y seguros para la vejez) apuntan en la dirección contraria. Más aún, tales iniciativas pueden ser incluso objeto de críticas internacionales (como las de EEUU a China por sus intentos de controlar su sobrepoblación).

Las crisis alimentarias tienen una causa inmediata: 70 millones de personas se agregan al total de la población mundial anualmente, la mayoría de ellas en los países más pobres. Como Haití, la mayoría de estos países sobrepoblados ha arruinado sus suelos y la deforestación ha afectado seriamente sus recursos hídricos. Si quieren contar con agua para sus siembras, deben extraerla, cuando existe, de niveles subterráneos cada vez más profundos, lo que requiere contar con energía para bombearla, un insumo que difícilmente pueden costear. Si se trata de países costeros de tierras bajas, el proceso de calentamiento global en curso puede afectarlos de dos maneras. Por una parte, el ascenso del nivel del mar contamina con sales los acuíferos, inutilizándolos. Por otra, favorece eventos climáticos extremos, haciendo que sequías e inundaciones sean más frecuentes, lo que conlleva un mayor deterioro de los suelos y de su escasa infraestructura productiva.

El desgobierno y la corrupción política que afecta a muchos de estos países, unido a la penuria de alimentos favorece la proliferación de bandas armadas que llegan a reclutar niños-soldados y a masacrar poblaciones civiles con distintos pretextos (raciales, religiosos, etc), pero en realidad en procura de los escasos alimentos o las eventuales riquezas minerales del país, como en los casos de Rwanda y Sierra Leona, respectivamente.

El porcentaje de la población desnutrida se ha mantenido en torno al 30% en los 70 países más pobres, pero ha crecido en términos absolutos de 775 millones de personas en 1997 a 980 millones en la actualidad, y se prevé que llegará a unos 1200 millones el 2017, vale decir en sólo 7 años más.

Brown señala 20 países en los cuales las crisis alimentarias y la falta de gobiernos estables están generando efectos más allá de sus fronteras. Estos incluyen diseminación de enfermedades contagiosas, refugios a piratas y terroristas, conversión en centros internacionales de distribución de drogas y generación de oleadas de refugiados que buscan un sitio en países fronterizos o lejanos. En consecuencia, más allá de los sentimientos de compasión, existen razones prácticas para que los países del mundo no afectados por estas crisis se preocupen de sus efectos. Sin embargo, en términos objetivos, parecen estar más bien contribuyendo, indirectamente, a agravarlas, tema que examinaremos en el próximo artículo.

EL CASO HAITÍ: ¿HAY ALGUNA ESPERANZA?

Salvo respecto a la notable capacidad plástica y musical del pueblo haitiano y de su entereza para enfrentar la adversidad, todo lo que hemos escuchado o leído sobre ese país han sido desventuras, y la última catástrofe sísmica rebasa todo lo imaginable. Pobreza extrema, corrupción, opresión tiránica bajo Duvalier, la exportación de sangre como industria, el HVI descontrolado, delincuencia y desorden extremos, etc. Con ocasión de su última crisis política, nuestro país se involucró en su historia, contribuyendo a preservar una tregua inestable, dentro de la miseria y falta de esperanza de esa nación caribeña. El sismo que acaba de matar alrededor de un centenar de miles de personas y destruyó gran parte de lo poco que había, el peor desastre que han enfrentado las Naciones Unidas, lleva a preguntarse si hay límites para tanta desgracia.

Pero también la historia y el presente de Haití entregan importantes lecciones. A mediados del Siglo 18, Haití era una colonia francesa donde los esclavos de origen africano importados para trabajar en las plantaciones, unas trecientas mil personas, constituían el 97% de su población. Una larga serie de revueltas (1793-1802) condujo finalmente a su independencia en 1804, vale decir varios años antes que la de Chile. Haití, que comparte la isla La Española con la República Dominicana, disfrutó originalmente de una gran riqueza forestal, que incluía árboles de maderas valiosas, la que fue destruida paralelamente a su crecimiento poblacional, mientras se erosionaban los suelos y se dañaba su red hidrológica. Actualmente, Haití sólo cuenta con 1% de la superficie forestal original y es uno de los países más sobrepoblados del mundo: Sus 9 millones de habitantes se distribuyen en sólo 27.750 kilómetros cuadrados, lo que da una densidad poblacional de 325 personas por km2, el doble que en Dominicana. Para una agricultura de subsistencia, con suelos erosionados y escasez hídrica, ello implica una carga imposible de llevar. En contraste, Dominicana conserva un 28% de sus bosques, resguardados por 74 parques o reservas, que incluyen alta biodiversidad y variados tipos de habitats, lo que la constituye en un importante destino turístico (Esto podría darnos tema de reflexión, considerando nuestro poco entusiasmo por la preservación de los bosques nativos y de los árboles en general).

Naturalmente, la atención está hoy centrada en mitigar los efectos de la catástrofe sísmica. Sin embargo, cabe preguntarse si algo positivo podría surgir de tanto desastre. Desde luego está el tema de la reconstrucción de Puerto Príncipe, ciudad situada muy cerca de la falla tectónica E-W responsable del sismo. Esa falla, como la de San Andrés en California, es de desplazamiento lateral, lo que contribuye a localizar sus efectos y a generar aceleraciones horizontales, que son más destructivas para la misma energía liberada que las de carácter vertical. ¿Será posible ponderar ese factor cuando se procure reconstruir la capital de Haití?. Igualmente importante: ¿Existe alguna posibilidad de que la ayuda de EEUU, Francia y otros países considere acciones o condiciones que encaminen a Haití a enfrentar las raíces de sus problemas, como la sobrepoblación y la destrucción ilimitada de sus ambiente natural?. Cuando Chile se involucró en Haití, procuró impulsar un proyecto de reconocimiento y planificación de su espacio geográfico, al que el gobierno de ese país no concedió mayor prioridad. Desde luego, Haití es un país soberano y tiene derecho a defender su cultura y definir su destino. Sin embargo, si no se producen cambios de fondo, ese destino seguirá siendo el de una permanente miseria y desesperanza, agravada de tanto en tanto por crisis políticas o por desastres naturales mayores, como el recién ocurrido.

La situación de Haití tiene su paralelo en varias otras naciones del mundo afectadas por similares problemas: desgobierno, corrupción, guerras civiles, saqueo de sus riquezas naturales, sobrepoblación, enfermedades etc., así como por desastres naturales, como sequías o inundaciones , cuyo efecto se agrava por su pobreza y falta de gobierno. La presencia temporal de “cascos azules” y de la ayuda de gobiernos o instituciones extranjeras contribuye a aliviar algo sus males y nuestra conciencia, pero ciertamente no permiten solucionar sus problemas de fondo.