La Universidad desempeña un rol esencial en la Sociedad,
puesto que no sólo forma a sus cuadros profesionales sino que también a la
clase dirigente del País. A través de sus largos siglos de existencia y pese a
todos los cambios culturales y científicos acaecidos, ha mantenido una
estructura basada en el respeto entre sus dos estamentos básicos: profesores y
alumnos, a los que se ha agregado un tercer estamento administrativo, en la
medida que la complejidad de las tareas lo ha hecho indispensable. En nuestro
país, a fines de los años 60`s, la reforma de la Universidad dio lugar a una
instancia de gobierno que incluyó, con distintos porcentajes de participación,
a los tres estamentos. Actualmente, existe el propósito de que las
universidades revisen y modifiquen sus estatutos, de manera de permitirles
restaurar esa forma de elección de autoridades y de gobierno universitario.
La idea central detrás de ese cambio debería ser el logro de
una efectiva excelencia a través del propósito de cada estamento de contribuir
con lo que es propio a cada uno de ellos. Esto implica académicos comprometidos
con la mejora continua en sus conocimientos, actividades docentes,
investigación reconocida y vinculación con el medio externo. Alumnos dispuestos
a dar lo mejor de sí mismos en materia de esfuerzo en el estudio y en su
interés por los temas más apremiantes de la Universidad y de la Sociedad.
Administrativos conscientes de la importancia de su tarea para el logro de los
objetivos comunes. A la manera del Estado y sus tres poderes, esa forma de
gobierno implica respeto mutuo tanto respecto a las personas como a los
reglamentos que rigen su labor. Ello no excluye el derecho de cada estamento a
esperar y reclamar que los otros dos cumplan su tarea como corresponde, pero no
autoriza a ninguno de ellos a asumir derechos que están fuera de su ámbito.
Hacerlo sería comparable a que el poder ejecutivo del país tomara
determinaciones que competen al poder judicial o al legislativo, lo que es inaceptable en una democracia y propio de
una incipiente dictadura.
De igual manera cada estamento está obligado a defender sus
propios fueros. Así, los estudiantes no podrían aceptar que uno de sus
dirigentes fuera cuestionado por razones propias de su actividad, ni el
estamento funcionario podría tolerar persecuciones de parte de autoridades académicas que
vulneraran su estatuto. Al respecto, existe un evidente riesgo de que
estudiantes molestos con profesores exigentes busquen acciones de hecho para
deshacerse de ellos, o que académicos inescrupulosos procuren manipularlos para
el logro de fines personales. En ese aspecto la autoridad universitaria tiene
un deber moral y funcionario de no fomentar ni sucumbir a las presiones, por
difícil que le resulte hacerlo. Por otra parte, la mejor manera de evitar
intentos de manipular el gobierno universitario consiste en contar con instrumentos
evaluativos rigurosos y objetivos. Por ejemplo, la calidad de la docencia no
puede ser dejada sólo al criterio de los estudiantes sino que debe ser evaluada
en conjunto con los responsables de los respectivos departamentos y carreras,
tanto en sus niveles de actualización y profundidad como de cumplimiento
funcionario.
Finalmente, una efectiva democracia universitaria no debería
procurar solamente que quienes laboran en ella se sientan más cómodos y
realizados. El mantenimiento de las universidades implica enormes costos para
un país que, como Chile, es tan deficitario en materias como la educación básica y media, y que no dispone de recursos
para atender necesidades urgentes de salud pública. En consecuencia es una
obligación para todos quienes laboramos en ella el esforzarnos por hacerla una
efectiva herramienta de desarrollo. Esa tarea debería ser el objetivo central
del gobierno universitario y de sus estamentos, cualquiera sea la forma que
adopte su gobierno en el futuro.