BONOS DE CARBONO: ENTRE EL CUMPLIMIENTO Y EL AUTOENGAÑO

El “efecto invernadero” del CO2, CH4, NO2 y otros gases es un hecho científico reconocido. También existe considerable acuerdo respecto a sus probables efectos negativos en términos del cambio climático y sus consecuencias, aunque su cuantificación a través de modelos predictivos está sujeta a altos niveles de incertidumbre. En todo caso, ese acuerdo ha llevado a iniciativas internacionales como el Protocolo de Kyoto, que buscan acuerdos para reducir sus emisiones conforme a metas definidas en el tiempo. Sin embargo, puesto que gran parte de la actividad económica implica emisiones de CO2, las naciones industrializadas que han suscrito dicho acuerdo difícilmente pueden cumplirlo. Por otra parte, grandes emisores como EEUU y China se han negado a asumir compromisos con metas definidas de reducción, lo que contribuyó al fracaso de la conferencia de Copenhagen (Diciembre 2009). Más difícil todavía sería obtener compromisos de parte de países como India o Brasil, que son emisores industriales importantes pero se amparan en su condición de subdesarrollo.

Una de la provisiones del Protocolo de Kyoto es la del Mecanismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Limpio (CDM). Su idea básica es que resulta más fácil lograr disminuciones de CO2 u otros gases invernadero en nuevos proyectos de los países en desarrollo que en aquellos de alto nivel industrial, debido a la menor calidad ambiental de los primeros. En consecuencia, se puede lograr disminuir sus emisiones con un menor costo relativo, imputando la diferencia lograda a favor del país industrial que financia esa reducción, el cual puede imputar esa variación a su compromiso de reducción. Por lo tanto, está en condiciones de emitir más de lo comprometido sin salirse, sin embargo, del marco de cumplimiento. Ello puede lograrse financiando iniciativas que permitan emitir menos CO2 que el considerado en el proyecto original o que permitan captar o retener CO2. También puede ser mediante conversión de CH4 en CO2, considerando el mayor efecto invernadero que presenta el metano. Una condición requerida para la transacción es que la mejora financiada no esté considerada en el proyecto inicial, ni sea económicamente viable sin la venta de los “bonos de carbono” respectivos al país industrial interesado (concepto de “adicionalidad”).

Si los bonos de carbono efectivamente cumplen la función para la cual fueron diseñados, sin duda constituirían un instrumento valioso. Si no fuera así, representarían un serio peligro, puesto que al incumplimiento de las metas libremente comprometidas se agregaría el autoengaño. Dos artículos recientes ilustran una y otra posibilidad.

El de M. Mukerjee (Scientific American, Junio 2009, pp 9-10) expone los aspectos oscuros de esta iniciativa, que ya ha permitido emitir unos 250 millones de toneladas de CO2 en exceso desde su implementación el 2005, cantidad que podría “dispararse” a unos 2900 millones el año 2012, considerando las iniciativas en curso. Un primer reparo concierne a la efectividad de las reducciones logradas, dadas las ambigüedades que involucra el concepto de adicionalidad respecto a las características efectivas del proyecto inicial. A ello se agrega el hecho de que muchos proyectos adscritos a este mecanismo ya estaban terminados antes de recibir su acreditación como beneficiarios. Sin embargo, aún más graves son sus posibles “efectos perversos”, como la adopción por los países “vendedores” de proyectos especialmente contaminantes, tales como las centrales termoeléctricas a carbón, para maximizar los créditos obtenidos por su substitución. Por otra parte, esos mismos proyectos termoeléctricos a carbón podrían ser beneficiarios de la venta de bonos de carbono si incluyeran modificaciones al diseño original que implicaran costos adicionales y mejoraran su eficiencia energética. La situación puede ser llevada a extremos como en el caso de Nigeria, importante productor de petróleo, donde los bonos de carbono ayudan a obtener ganancias de una práctica supuestamente ilegal en ese país: la quema al aire libre del metano que acompaña al petróleo extraído (bonos justificados por el mayor “efecto invernadero” del CH4 respecto al CO2). Dicha quema dispersa en la atmósfera compuestos orgánicos cancerígenos y genera óxidos de nitrógeno (qué son precursores de lluvia ácida). Las empresas petroleras que operan en Nigeria están quemando el 40% del gas natural, el que podría en cambio ser utilizado para producir energía eléctrica: Proyecto Kwale, desplazado por el mejor negocio que implica su simple combustión, subvencionada por la venta de bonos de carbono.

En cambio, el artículo de A. Marshall y U. Masen (Time, edición europea, Noviembre 30, pp38-43) describe una positiva situación que puede ser financiada en parte por los bonos de carbono: salvar los bosques de lluvia de Ulu Masen, Indonesia. Aparte de su notable valor en términos de biodiversidad y de la existencia de maderas finas, la preservación de esos bosques implica evitar el paso de unos 100 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en el curso de los próximos 30 años. Esta iniciativa se inscribe en otro programa de las Naciones Unidas: “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en Países en Desarrollo” (REDD). Si las cosas ocurren según lo planificado, el bosque de Ulu Masen constituiría el primer proyecto según el esquema REDD financiado en parte mediante la venta de bonos de carbono. Proyectos de este tipo tendrían especial valor en áreas sujetas a hundimiento tectónico, en las cuales la vegetación permite no solamente conservar sino que también contribuye a enterrar continuamente el carbono captado de la atmósfera.

Considerando el tema expuesto en términos más amplios, parece evidente que la solución al tema del cambio climático requiere transformaciones tecnológicas, económicas y sociales de mucha mayor envergadura que las emprendidas hasta ahora. Si los países industriales no avanzan resueltamente en esa dirección, cualquier iniciativa del tipo de los “bonos de carbono” sólo servirá para tranquilizar la conciencia frente a un peligro potencial cuya magnitud y evolución temporal son actualmente desconocidas.

MÁS ALLÁ DEL CASO HAITÍ: POR QUÉ LAS CRISIS PUEDEN EMPEORAR

Durante varias décadas en la segunda mitad del Siglo 20, los excedentes agrícolas de EEUU ayudaron a mantener bajos los precios de los granos y apoyaron, a través de donaciones, a aquellos países que atravesaban emergencias alimentarias. Como señala el artículo de L.R. Brown (Scientific American, Mayo 2009, pp. 38-45), esta situación empezó a cambiar en los años 70`, cuando la ex Unión Soviética debió adquirir granos en el exterior para complementar sus insuficientes cosechas, contribuyendo a elevar su precio. Por otra parte, los logros de la “revolución verde” en los 60`y 70`fueron absorbidos por el crecimiento poblacional y los mayores costos de los insumos requeridos. Actualmente, un nuevo factor se ha sumado a esta difícil situación: el uso de los granos, en particular del maíz, para la elaboración de biocombustibles (etanol), el cual ya consume la cuarta parte de la producción de granos de los EEUU. Se trata de un proceso poco eficiente, tanto en términos económicos como ambientales, porque para llenar solamente el estanque de un vehículo todo terreno se necesita utilizar una masa de granos suficiente para alimentar a una persona durante un año entero. Desde luego, los EEUU son libres de destinar sus cosechas al fin que deseen. Sin embargo, no pueden ignorar el efecto que ello tiene en la elevación del precio de los granos y por lo tanto en las dificultades que implica su adquisición para los países pobres deficitarios. La preocupación por la disponibilidad y precio futuros ha llevado a varias naciones que disponen de recursos económicos a procurarse tierras agrícolas en otros países como un seguro para lo que vendrá: China, en Australia, Brasil, Birmania y Uganda; India, en Paraguay y Uruguay; Libia en Ucrania (250 mil acres), etc. Al contrario de los países pobres, los que disponen de mayores recursos destinan cerca de un 90% de los granos que cosechan o compran a su consumo indirecto (bajo forma de carne, leche o huevos) lo que multiplica por un factor de 4 sus necesidades por habitante.

Cómo en el caso del calentamiento global, la pérdida de la forestas como la amazónica (que regulan el ciclo hidrológico, retiran CO2 atmosférico y son refugios de biodiversidad) y la contaminación y sobreexplotación de los océanos, los problemas antes expuestos parecen evadir, por su magnitud y complejidad, cualquier posibilidad o voluntad de solución. Después de todo, los países desarrollados tienen sus propios problemas: crisis financiera, cesantía, competencia por el poder mundial, y los grandes países en desarrollo, como China, India o Brasil, destinan todos sus esfuerzos a incorporarse al grupo privilegiado. Si llegaran a unirse para ayudar a los más pobres a mitigar sus penurias, lo que es muy improbable más allá de casos excepcionales como el de Haití, seguramente encontrarían barreras en los mismos países favorecidos. Ello, porque afectarían intereses locales (siempre los hay), creencias religiosas o ideologías políticas en temas claves como el control de la sobrepoblación (un tema que también podría crear problemas en EEUU). En consecuencia, lo más seguro es que toda ayuda quede restringida a actos caritativos ocasionales con ocasión de catástrofes mayores.

Sin embargo, deberíamos reflexionar respecto hacia donde nos encaminamos como humanidad. Si lo que observamos en los países más desfavorecidos y la degradación ambiental que encontramos en todos los continentes no constituye el anuncio de un futuro más incierto del que solemos imaginar. Cuando en la Edad Media la llamada Peste Negra asoló Europa, muchos de los que no podían escapar a lugares aislados optaban por unirse a celebraciones macabras, bailando en las calles de las ciudades mientras esperaban la muerte que venía. Afortunadamente hoy contamos con avanzada comprensión científica de muchas relaciones causa-efecto y con extraordinarios logros tecnológicos. Sin embargo, seguimos sin contar con los acuerdos necesarios para enfrentar efectivamente los problemas ambientales más serios. Para lograrlo sería necesario que la población (al menos la de los países que cuentan con sistemas democráticos de gobierno) comprendiera y demostrara una efectiva preocupación por los problemas ambientales y sus posibles consecuencias. De otro modo, los políticos no actuarán decisivamente y tendremos que seguir contentándonos con gestos como la generación de algunas decenas de MW por fuentes energéticas renovables, mientras el grueso de la energía es provisto por nuevas plantas termoeléctricas a carbón. La gran interrogante es si esa comprensión y voluntad de cambio llegará cuando aún sea tiempo.

MÁS ALLÁ DEL CASO HAITÍ: LA TRAGEDIA DE LAS CRISIS ALIMENTARIAS

En el artículo anterior analizamos el caso de Haití, donde un sismo golpeó a un pequeño país, ya asolado por la destrucción de su patrimonio natural, la sobrepoblación y el desgobierno. En éste nos referiremos a un artículo de L.R. Brown publicado por Scientific American (mayo 2009, pp 38-45), que muestra como situaciones similares a las de Haití afectan hoy a cerca de mil millones de personas que habitan países pobres, ambientalmente degradados y sobrepoblados, afectados por crisis alimentarias. Lo que hace especialmente trágica la situación documentada por Brown es la serie de interconexiones lógicas de los factores en juego de carácter natural, económico y político. Ellas llevan fatalmente a que incluso las actuaciones mejor intencionadas terminen agravando las crisis que pretenden resolver. Por ejemplo, es fácil y de bajo costo eliminar las causas principales de mortalidad que antes limitaba naturalmente la población, pero es difícil y muy costoso procurar alimentación y trabajo para las poblaciones acrecentadas que resultan de ello. Igualmente, puede ser sencillo explotar reservorios fósiles de aguas subterráneas en zonas áridas, que permitan regar más tierras y aumentar el volumen de los rebaños. Sin embargo, agotados esos acuíferos, la población ahora expandida carece del recurso indispensable para sobrevivir (al respecto, un 15% de la producción agrícola actual de la India, correspondiente al consumo de 175 millones de personas, se obtiene bombeando agua de acuíferos fósiles, vale decir de agua “no renovable”). Es la lógica del desarrollo no sustentable en su más cruda expresión. En principio, podría parecer sencillo complementar esas actividades de apoyo con programas de control de natalidad que mantengan un equilibrio. Sin embargo ello es casi imposible en la práctica puesto que los valores culturales, creencias religiosas e intereses prácticos inmediatos (los hijos representan mano de obra y seguros para la vejez) apuntan en la dirección contraria. Más aún, tales iniciativas pueden ser incluso objeto de críticas internacionales (como las de EEUU a China por sus intentos de controlar su sobrepoblación).

Las crisis alimentarias tienen una causa inmediata: 70 millones de personas se agregan al total de la población mundial anualmente, la mayoría de ellas en los países más pobres. Como Haití, la mayoría de estos países sobrepoblados ha arruinado sus suelos y la deforestación ha afectado seriamente sus recursos hídricos. Si quieren contar con agua para sus siembras, deben extraerla, cuando existe, de niveles subterráneos cada vez más profundos, lo que requiere contar con energía para bombearla, un insumo que difícilmente pueden costear. Si se trata de países costeros de tierras bajas, el proceso de calentamiento global en curso puede afectarlos de dos maneras. Por una parte, el ascenso del nivel del mar contamina con sales los acuíferos, inutilizándolos. Por otra, favorece eventos climáticos extremos, haciendo que sequías e inundaciones sean más frecuentes, lo que conlleva un mayor deterioro de los suelos y de su escasa infraestructura productiva.

El desgobierno y la corrupción política que afecta a muchos de estos países, unido a la penuria de alimentos favorece la proliferación de bandas armadas que llegan a reclutar niños-soldados y a masacrar poblaciones civiles con distintos pretextos (raciales, religiosos, etc), pero en realidad en procura de los escasos alimentos o las eventuales riquezas minerales del país, como en los casos de Rwanda y Sierra Leona, respectivamente.

El porcentaje de la población desnutrida se ha mantenido en torno al 30% en los 70 países más pobres, pero ha crecido en términos absolutos de 775 millones de personas en 1997 a 980 millones en la actualidad, y se prevé que llegará a unos 1200 millones el 2017, vale decir en sólo 7 años más.

Brown señala 20 países en los cuales las crisis alimentarias y la falta de gobiernos estables están generando efectos más allá de sus fronteras. Estos incluyen diseminación de enfermedades contagiosas, refugios a piratas y terroristas, conversión en centros internacionales de distribución de drogas y generación de oleadas de refugiados que buscan un sitio en países fronterizos o lejanos. En consecuencia, más allá de los sentimientos de compasión, existen razones prácticas para que los países del mundo no afectados por estas crisis se preocupen de sus efectos. Sin embargo, en términos objetivos, parecen estar más bien contribuyendo, indirectamente, a agravarlas, tema que examinaremos en el próximo artículo.

EL CASO HAITÍ: ¿HAY ALGUNA ESPERANZA?

Salvo respecto a la notable capacidad plástica y musical del pueblo haitiano y de su entereza para enfrentar la adversidad, todo lo que hemos escuchado o leído sobre ese país han sido desventuras, y la última catástrofe sísmica rebasa todo lo imaginable. Pobreza extrema, corrupción, opresión tiránica bajo Duvalier, la exportación de sangre como industria, el HVI descontrolado, delincuencia y desorden extremos, etc. Con ocasión de su última crisis política, nuestro país se involucró en su historia, contribuyendo a preservar una tregua inestable, dentro de la miseria y falta de esperanza de esa nación caribeña. El sismo que acaba de matar alrededor de un centenar de miles de personas y destruyó gran parte de lo poco que había, el peor desastre que han enfrentado las Naciones Unidas, lleva a preguntarse si hay límites para tanta desgracia.

Pero también la historia y el presente de Haití entregan importantes lecciones. A mediados del Siglo 18, Haití era una colonia francesa donde los esclavos de origen africano importados para trabajar en las plantaciones, unas trecientas mil personas, constituían el 97% de su población. Una larga serie de revueltas (1793-1802) condujo finalmente a su independencia en 1804, vale decir varios años antes que la de Chile. Haití, que comparte la isla La Española con la República Dominicana, disfrutó originalmente de una gran riqueza forestal, que incluía árboles de maderas valiosas, la que fue destruida paralelamente a su crecimiento poblacional, mientras se erosionaban los suelos y se dañaba su red hidrológica. Actualmente, Haití sólo cuenta con 1% de la superficie forestal original y es uno de los países más sobrepoblados del mundo: Sus 9 millones de habitantes se distribuyen en sólo 27.750 kilómetros cuadrados, lo que da una densidad poblacional de 325 personas por km2, el doble que en Dominicana. Para una agricultura de subsistencia, con suelos erosionados y escasez hídrica, ello implica una carga imposible de llevar. En contraste, Dominicana conserva un 28% de sus bosques, resguardados por 74 parques o reservas, que incluyen alta biodiversidad y variados tipos de habitats, lo que la constituye en un importante destino turístico (Esto podría darnos tema de reflexión, considerando nuestro poco entusiasmo por la preservación de los bosques nativos y de los árboles en general).

Naturalmente, la atención está hoy centrada en mitigar los efectos de la catástrofe sísmica. Sin embargo, cabe preguntarse si algo positivo podría surgir de tanto desastre. Desde luego está el tema de la reconstrucción de Puerto Príncipe, ciudad situada muy cerca de la falla tectónica E-W responsable del sismo. Esa falla, como la de San Andrés en California, es de desplazamiento lateral, lo que contribuye a localizar sus efectos y a generar aceleraciones horizontales, que son más destructivas para la misma energía liberada que las de carácter vertical. ¿Será posible ponderar ese factor cuando se procure reconstruir la capital de Haití?. Igualmente importante: ¿Existe alguna posibilidad de que la ayuda de EEUU, Francia y otros países considere acciones o condiciones que encaminen a Haití a enfrentar las raíces de sus problemas, como la sobrepoblación y la destrucción ilimitada de sus ambiente natural?. Cuando Chile se involucró en Haití, procuró impulsar un proyecto de reconocimiento y planificación de su espacio geográfico, al que el gobierno de ese país no concedió mayor prioridad. Desde luego, Haití es un país soberano y tiene derecho a defender su cultura y definir su destino. Sin embargo, si no se producen cambios de fondo, ese destino seguirá siendo el de una permanente miseria y desesperanza, agravada de tanto en tanto por crisis políticas o por desastres naturales mayores, como el recién ocurrido.

La situación de Haití tiene su paralelo en varias otras naciones del mundo afectadas por similares problemas: desgobierno, corrupción, guerras civiles, saqueo de sus riquezas naturales, sobrepoblación, enfermedades etc., así como por desastres naturales, como sequías o inundaciones , cuyo efecto se agrava por su pobreza y falta de gobierno. La presencia temporal de “cascos azules” y de la ayuda de gobiernos o instituciones extranjeras contribuye a aliviar algo sus males y nuestra conciencia, pero ciertamente no permiten solucionar sus problemas de fondo.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL: A PROPÓSITO DE DOS ARTÍCULOS Y UN LIBRO

El número de Octubre 2009 de Scientific American incluye dos interesantes artículos. Uno, sobre las existencias mundiales de hidrocarburos (“ Squeezing more oil from the ground”, L. Maugeri, p36-43), que muestra, con buenos argumentos científicos y técnicos, que al menos hay reservas explotables para otro siglo. A juicio del autor, el mayor problema está en sus precios, los que responden más a las variables percepciones del mercado que a realidades económicas o técnicas. Ello tiene repercusiones ambientales, porque si los precios son muy altos (en las actuales condiciones, mayores de US $70 el barril), métodos de producción de combustibles líquidos que son ambientalmente ineficientes, como la conversión de maíz en etanol, pasan a ser económicamente viables. Por el contrario, si ese precio baja de US$50, las medidas de conservación pierden efectividad , así como su posible producción a partir de fuentes renovables “eficientes”. El artículo incluye una estimación de la “huella de carbono” para diferentes formas de producción de combustibles líquidos. La más baja (5.98) corresponde al diesel obtenido a partir de soya y la mayor (23.15) al diesel producido a partir de carbón.

Un segundo artículo: “Lost cities of the Amazon”, de M.J.Heckenberger, pp. 44-51, muestra que nuestra idea de la foresta amazónica como “pura naturaleza”, con muy bajo grado de intervención humana, es bastante equivocada. Por el contrario, esa foresta estuvo densamente poblada antes de la llegada de los exploradores y colonizadores europeos. Lo más interesante es que esas poblaciones lograron desarrollos efectivamente sustentables, centrados en aldeas de mil o más habitantes. Alrededor de estos poblados de forma circular, estaban las plantaciones de mandioca, árboles frutales, árboles proveedores de materiales de construcción etc. Igualmente lograron desarrollar suelos oscuros, ricos en materia orgánica y en nutrientes, lo que les permitió sustentar poblaciones varias veces superiores a las que alcanzan hoy los sucesores de esos pueblos prehispánicos.

¿Cómo terminó ese mundo, aparentemente sustentable en el recto sentido de la palabra? Probablemente destruido por las epidemias como la viruela, que los conquistadores trajeron involuntariamente como vanguardia de sus tropas, y para las cuales la población nativa no tenía defensas. Hoy, la expansión de la población y de la economía de Brasil está completando la destrucción al acelerado ritmo que permite la modernidad. Así, en la región del Mato Grosso la deforestación avanza a una tasa de cinco hectáreas por minuto, y al actual ritmo el bosque transicional de la parte sur de la Amazonía será reducido, en el curso de la presente década, a una quinta parte de su extensión original. Parte de la producción agrícola de esas tierras se destina a la producción de soya. Como señalamos antes la soya permite producir un diesel de “baja huella de carbono” pero, ¿Cuánta capacidad de fijar CO2 se pierde al destruir la foresta?
El tema de la destrucción de la foresta amazónica debería preocuparnos, porque los frentes húmedos atlánticos responsables de las únicas precipitaciones de nuestro extremo norte (las del Invierno Altiplánico), pueden ser afectados al convertirse esa selva en una especie de sabana semiárida. Sin embargo, pese a que existe conciencia respecto a los probables efectos climáticos, al menos continentales, de esa destrucción, poco o nada se hace por evitarla.

Lo anterior lleva a interrogarse sobre la capacidad del ser humano para reaccionar respecto a las amenazas que afectan su supervivencia (como en la figura de la rana, que no abandona el recipiente con agua cuya temperatura crece gradualmente). Esta temática ha sido desarrollada magistralmente por el geógrafo y biólogo Jareed Diamond en su libro Colapso, que examina los últimos quince mil años de la humanidad, y sus éxitos y fracasos en su adaptación al medio. Así, los colonizadores vikingos fracasaron en Groenlandia, porque quisieron vivir como europeos, mientras los más primitivos pero bien adaptados inuits fueron exitosos. En cambio, hay pocos casos que muestren una efectiva capacidad de reacción frente a los desastres causados por conductas equivocadas. Diamond cita dos bastante notables, relacionados con el rescate en última instancia, de la cubierta forestal. El primero ocurrió en el Japón gobernado por los shogunes Tukugawa entre 1750 y 1800, los que promulgaron e hicieron cumplir una avanzada legislación forestal, cuando ese país estaba a punto de perder sus bosques (con los efectos sobre la erosión de los suelos, la pérdida de capacidad hidrológica etc que ello acarrea). El otro caso es de la segunda mitad del siglo pasado y corresponde a un discutido presidente de la República Dominicana, Balaguer, que se propuso la misma tarea, enfrentando la resistencia de gran parte de la población. Si hoy se compara Dominicana con la desventurada Haití (en la misma isla de Hispaniola), se comprueba que esa lucha solitaria valió la pena. Tal vez, los Tukugawa y Balaguer nos den una mejor idea de qué significa , en lo profundo, el concepto de patria, muy alejado de la idea de explotar hoy todo lo que se pueda, porque “total, mañana no voy a estar..”

Lo anterior es aún más complicado en materias como el calentamiento global. No faltan razones para eludir la responsabilidad personal o nacional. Desde luego, podemos decir que no está probado que sea efectivo o que se deba a las emisiones de gases invernadero. Qué la responsabilidad es de los países ricos, qué no podemos sacrificar las necesidades de los más pobres, qué la crisis económica no permite enfrentar ese tema por ahora etc, etc. Diamond nos relata como algunas sociedades fueron exitosas y otras fracasaron en términos de lograr desarrollos efectivamente sustentables. La gran pregunta es cómo se comportará, en este mismo sentido, la humanidad en su conjunto.

AMBIENTE, ENERGIA Y ELECCIONES

Los jóvenes de la revuelta de Mayo 1968 en París crearon ingeniosos y poéticos slogans como el famoso “Seamos realistas: exijamos lo imposible”. Estamos en época de elecciones y también lo imposible parece acercarse a través de las atrayentes promesas de los candidatos. Hace unos días, escuchando un diálogo entre voceras de las candidaturas rivales constaté que ambas rechazaban tanto la proliferación de termoeléctricas como el proyecto hidroeléctrico de Aysén (en el caso de una de ellas, salvo que dicho proyecto diera respuesta satisfactoria a todas las observaciones de los servicios públicos). Desde luego, un mundo movido por energías alternativas “no contaminantes” y cuya generación no obligara a modificar significativamente el paisaje, sería para todos deseable y debería constituir una meta a alcanzar. El problema es si esa meta es posible en el mundo de hoy y en Chile en particular.

En realidad, muchas personas saben, pero no todas, que no es posible realizar obras de ingeniería de gran envergadura sin impactar el ambiente, y que no es lo mismo evaluar impactos que eliminarlos. Ello incluye los de proyectos energéticos, en particular los de carácter termoeléctrico, hidroeléctrico, geotérmico y nuclear. También saben que los dos primeros tipos de proyectos son imprescindibles para responder al crecimiento de las necesidades energéticas del País. Desde luego, otras fuentes, como la energía eólica constituyen un buen complemento y están siendo progresivamente incorporadas. Sin embargo, en la presente década y seguramente bastante más allá, ellas serán insuficientes para suministrar el volumen de energía requerido y a precios aceptables para los consumidores.

En cambio, como adultos, podemos pedir otras cosas que sí son posibles y necesarias, pero no siempre recibimos. Entre ellas está la de contar con una información realista de los costos ambientales de los proyectos, más allá de las formas legales y del papel, así como con una participación más amplia e informada de las comunidades afectadas. Ello no es posible si los proyectos son evaluados por partes, lo que nuestra legislación permite, pero se aparta de la mejor doctrina de la EIA (“El análisis de Impacto Ambiental debe realizarse sobre la globalidad del proyecto o actividad, por lo tanto es único y no puede ser llevado a cabo por aspectos, partes o territorios”, CONAMA, Mayo 1993). Por ejemplo, la EIA de los costos ambientales de un proyecto de la magnitud de Hidroaysén debería incluir aquellos relativos a las líneas de transmisión de la energía eléctrica generada. En todo caso, si se presentaran separadamente, ninguna obra debería iniciarse antes de la aprobación ambiental del conjunto de las obras básicas del proyecto, para eliminar cualquier posibilidad de “situación de fuerza” que obligara a aceptar hechos ya consumados.

La conocida frase “no hay soluciones perfectas, sólo elecciones informadas e inteligentes” tiene especial relevancia respecto a las decisiones que implican costos ambientales. Ello debe partir por reconocer e informar dichos costos, así como comparar entre distintas decisiones posibles, buscando una transacción entre beneficios y costos, así como equidad intra e intergeneracional en la repartición de unos y otros. En términos más directos, que no sean los que menos energía eléctrica pueden consumir los que se lleven la mayor parte de sus costos en materia de contaminación.

En el caso de las plantas termoeléctricas a carbón (o peor aún, a pet coke), existen costos ambientales altos, que se pueden agravar mucho por su localización). Esto, más allá del tema de “la huella de carbono”, que por el tamaño de nuestra economía es más bien un tema de “aceptabilidad social” internacional. Efectivamente, todas las plantas a carbón que nuestra economía puede permitirse emiten cantidades importantes (del orden de la decena de toneladas por día para una planta de cientos de MW) de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, precursores de niebla o lluvia ácida, así como del orden de las toneladas por día de ceniza fina, que contienen cantidades variables de metales pesados. A ello se agregan sus necesidades de refrigeración que pueden impactar seriamente los ecosistemas marinos. De ahí que su ubicación debería estar determinada por factores naturales, que hagan menor el costo de dichos impactos, no por la conveniencia de las empresas o de sus empleados. Localizarlas en áreas urbanas es un grave error, así como hacerlo en zonas de escasa ventilación natural o junto a ecosistemas marinos o terrestres supuestamente protegidos.

Dentro de pocos días terminará la campaña electoral y con ella el mundo de ilusiones que la acompaña. Pronto los efectos de la nueva legislación ambiental se harán notar y enmarcarán las futuras decisiones y el monitoreo de sus efectos. Ojalá ella ayude a hacer mejor las cosas, en particular aquellas que más importan y respetando el sentido de las legislación, más allá de su letra (nuestra cultura tiene una relación ambivalente con las leyes, de mucho respeto pero también muy proclive a buscar formas de eludirlas). Lo anterior, junto con una participación comunitaria amplia, efectiva y realista, que reconozca que todo progreso tiene sus costos, pero que no está dispuesta a transar calidad de vida por beneficios económicos transitorios.

SOBRE SUSTENTABILIDAD Y UN ARTICULO RECOMENDABLE

El término sustentabilidad (o sostenibilidad, como prefieren decir en España) está un tanto “echado al trajín”, porque se utiliza para vender o promover casi todo. También la unanimidad con la que es acogido genera cierta desconfianza, porque en tales casos suele significar cosas muy diferentes para quienes lo aceptan. Por eso es recomendable el artículo de P. Dasgupta, de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, U.K., “Natures`s role in sustaining economic development”, publicado por la venerable revista Philosophical Transactions de la Royal Society. Si bien se trata de una revisión del tema, más que de un artículo propiamente original, constituye una excelente síntesis, con planteamientos finales importantes.

El autor utiliza derechamente el concepto de sustentabilidad económica (y no “sustentabilidad ambiental”) para mostrar como el bienestar intergeneracional crece si - y sólo si – la riqueza per capita aumenta. La medida de esa riqueza incluye no solamente el capital industrial, el conocimiento adquirido y el capital humano (educación y salud), sino también el capital natural (recursos naturales y ecosistemas). Así, la riqueza per capita puede disminuir aunque el producto nacional bruto (GDP) por persona crezca y el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (HDI) también lo haga. Esto, por el empobrecimiento de capital natural que posibilitó ese crecimiento. Ese concepto se relaciona con el de la contabilidad del patrimonio nacional, que en Chile llegó a medirse fugazmente (hasta que las cifras que entregó no fueron agradables). Básicamente consiste en medir la existencia de los componentes del capital natural al inicio y al término de un año, y si han disminuido, descontarlos de las ganancias obtenidas. Por otra parte, se deben considerar también los efectos secundarios sobre otros sectores económicos, como los de la contaminación o el incremento de erosión y sedimentación que acarrea la tala de un bosque de montaña. De otra manera, las cuentas alegres equivalen a las de un comerciante feliz por los ingresos alcanzados, pero que no se acordó de la necesidad de reponer sus inventarios.

Por otra parte, Dasgupta considera también el efecto del crecimiento poblacional en cuanto a que éste puede llevar a un retroceso de la riqueza per cápita, aunque la riqueza nacional total efectivamente haya aumentado.

El autor analiza también el efecto de las externalidades asociadas al “uso subsidiado de la naturaleza”, como la falta de impuestos sobre las emisiones o sobre la destrucción de los depuradores atmosféricos naturales y espacios de biodiversidad, como la foresta amazónica.

Finalmente, Dasgupta cita el título de la obra clásica de Adam Smith “An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations”, en cuanto a que son justamente esas causas de riqueza las que debemos llegar a comprender, señalando que para tal fin son insuficientes parámetros como el GDP o el HDI. El autor concluye: “Las políticas de desarrollo que ignoran nuestra dependencia de los capitales naturales son seriamente dañinas. Ellas no pasarían ni el test más benigno respecto a equidad intrageneracional (vale decir, entre contemporáneos) ni entre generaciones separadas por el tiempo y por contingencias imprevistas”.

El trabajo aquí resumido fue publicado en: Phil. Trans.R.Soc. B (2010) 365, pp5-11. Puede ser bajado del sitio rstb.royalsocietypublishing.org.