Dos instrumentos de gestión destinados a mejorar nuestra calidad
de vida son hoy centro de polémicas y
motivo de enfrentamientos políticos y de acciones judiciales. En el calor de
las discusiones es previsible que se olvide su razón de ser, así como las
condiciones que ambos instrumentos requieren para cumplir efectivamente sus
objetivos, tema de estas reflexiones.
La evaluación del impacto ambiental se implementó primero en
EEUU a principios de los 1970`s, con énfasis en los posibles efectos
ambientales negativos de las actuaciones del propio Gobierno. Su filosofía
básica es que toda intervención sobre el medio natural tiene aspectos
negativos, además de los beneficios que la justifican. En consecuencia, vale la
pena estimarlos para ver si el balance final es positivo, así como para
establecer las acciones y resguardos necesarios para limitar sus impactos.
Puesto que el ambiente natural es muy complejo y las metodologías de análisis son limitadas, se entiende que existirá un
amplio grado de incertidumbre y la necesidad de vigilar y contrastar los reales
efectos ambientales con las predicciones realizadas. Por eso la gestión
ambiental debe estructurarse sobre la base de la evaluación realizada y estar
atenta para actuar frente a las naturales desviaciones que se presenten. Desde
luego, cualquier modificación posterior en términos de expansión o modificación
del proyecto original implica un alto riesgo.
Al respecto, la garantía constitucional de vivir en ambientes
libres de contaminación es encomiable
como ideal, pero pasa a ser un problema cuando se toma al pie de la letra, y se procura
disimular a toda costa los efectos ambientales reales de los proyectos. En
efecto, sería mucho mejor aceptar la realidad y trabajar sobre ella para
mejorarla, entendiendo que todo tiene un costo y que una sociedad madura
debería ser capaz de decidir cuando
ellos son ambiental y éticamente aceptables
y cuando no lo son.
Por otro lado, las acreditaciones universitarias surgieron en
Chile principalmente como una medida destinada a enfrentar los riesgos de
calidad que implicaba la proliferación de universidades que siguió a la
legislación de principios de los 1980`s. En EEUU la acreditación se utiliza
como un instrumento de gestión destinado
a perfeccionar el quehacer institucional, pero no tiene la repercusión
mediática que ha alcanzado en Chile. En ese país, la autorización para el
ejercicio profesional es otorgada por el equivalente de nuestros colegios
profesionales, los que cuentan con exámenes habilitantes. Por otra parte se
entiende que la calidad de una universidad es mucho más que la implementación
de un sistema de gestión y que tal sistema sólo es efectivo en la medida que la
universidad cuente con un cuerpo académico y administrativo de calidad y con
prácticas que permitan conjugar tradición con innovación.
Cómo en otras materias, la acreditación universitaria en
Chile se ha visto afectada por algunas actitudes propias de nuestra idiosincrasia. Entre ellas, la tendencia a convertir un medio
en un fin por sí mismo (como lo ocurrido con la PSU) y a sobrevalorar el discurso sobre la realidad .
Por otra parte, los rígidos criterios y los formatos evaluativos dejan poco
espacio para lo que más importa (como la calidad del cuerpo académico y la
dedicación de docentes y alumnos) y enfatizan en cambio lo que pueden ser
simples adaptaciones estructurales a lo esperado por los acreditadores, con
poco asiento real en la práctica efectiva.
El concepto de que la acreditación es sinónimo de
supervivencia institucional ha dado lugar a situaciones tan graves como las que
actualmente examina la justicia. Por otra parte, el anuncio de medidas aún más
radicales sólo agrega tensión a un medio en el que la moderación, el buen
sentido y la mirada a largo plazo deberían ser, junto con la honestidad y el
rigor académico, los principales elementos ordenadores. Por supuesto, ello
requiere políticas y orientaciones estables de parte de las autoridades
superiores del país, sin las cuales es imposible realizar un trabajo serio.
En suma, tanto en materia de evaluación del impacto ambiental
como de acreditación de universidades, existe el permanente riesgo de privilegiar
la forma sobre el fondo, así como el discurso sobre los hechos reales, con las
consecuencias negativas esperables. Cuando al final la realidad aflora, ello
puede obligar al cierre traumático de la operación contaminante o del proyecto
universitario fallido. ¿No sería mejor retornar al simple pero importante objetivo
original de ambos instrumentos de gestión, vale decir, conocer y perfeccionar?
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