LA E.I.A. Y SUS PROBLEMAS

Nuestro sistema de gestión ambiental pública no incluye en la práctica la ordenación del territorio, excepto a nivel urbano, a través de los planos reguladores. En consecuencia, todo el peso de la verificación respecto al costo ambiental de los nuevos proyectos radica en el proceso de evaluación de su impacto ambiental. Este proceso ha sido objeto de serias críticas en sus aspectos administrativos, a las que se han sumado un informe técnico de la Universidad de Chile, reseñado por el diario La Segunda (22/09/12), así como enérgicas declaraciones del Director Ejecutivo del Servicio Nacional Ambiental, Sr. Ignacio Toro. Es muy probable que, en buena parte, estas deficiencias obedezcan a la falta de una convicción sincera de los actores involucrados respecto al efectivo valor de estos procedimientos, así como a cierta tendencia nacional a burocratizar un instrumento que nos llegó “de afuera” y con objetivos algo distintos. De hecho, en EEUU la E.I.A. fue desarrollada por el gobierno federal para evaluar en primer lugar sus propios proyectos, cuyo costo ambiental le interesaba conocer. Por el contrario, en Chile, los gobiernos han sido más bien reticentes a esa evaluación en proyectos tan importantes como el Transantiago y la conversión urbana del aeropuerto de Cerrillos. En cuanto a los estudios de impacto ambiental, es frecuente encontrar una visión “plana”, que pareciera más bien disimular u ocultar los probables impactos principales, generando una selva de información científica centrada en los aspectos ambientales más inofensivos.

En términos científico-técnicos, el uso de modelos físico-matemáticos sigue siendo un problema principal. En los primeros años de aplicación ello era entendible considerando la poca experiencia existente en el país. Sin embargo el problema continúa actualmente. En las palabras de Ignacio Toro en La Segunda: “si el inversionista no quiere reconocer impactos en el aire, por ejemplo, en una termoeléctrica grandota, contrata un estudio y un modelo que termina reflejando que no hay impacto significativo”. Es frecuente que tales modelos se apliquen con una escasa base de información física previa (por ejemplo monitoreo local de vientos de unos pocos meses). Pero eso, así como la efectiva capacidad predictiva del modelo empleado, se pasan por alto, llegando a entregar  varias cifras decimales, sin mayor sentido crítico de su significado.

Es posible que más allá del equivocado pero comprensible interés del proponente y la consultora por disimular los probables impactos, esté primando una tendencia a no reconocer la realidad. Ella puede tener su origen en nuestra  garantía constitucional básica, encomiable pero difícil de cumplir en un país en desarrollo. En efecto, es normal que la mayoría de los proyectos importantes causen impactos ambientales.  Sería mejor reconocerlos y aceptarlos, acotando sus efectos y seleccionando las áreas más adecuadas para su ejecución, considerando en especial sus riesgos para la salud o la seguridad de la población humana.  Lo que no es aceptable es desvirtuar el objetivo de un sistema cuya finalidad es precisamente conocer, con la mejor aproximación posible, los efectos ambientales de un proyecto.