Una Formalización Peligrosa

El anuncio de la formalización judicial en Mayo próximo de un grupo de ex funcionarios civiles y militares por cuasidelito de homicidio, basada en errores y omisiones respecto a la alarma de tsunami con ocasión del sismo del 27/02/2010, constituye un peligroso precedente. Ella es análoga a la producida en Italia, donde un grupo de sismólogos arriesga penas de cárcel por no haber pronosticado el sismo de LÀquila (2009), que siguió a un “enjambre sísmico” iniciado en Septiembre del año anterior. Ambas situaciones se enmarcan en una creciente “judicialización” de los problemas sociales, la que en algunos casos tiende a rebasar los límites del buen sentido.

El peligro que ella representa obedece a dos razones principales. La primera corresponde a las incertidumbres propias de la predicción de fenómenos naturales, como los de carácter sísmico, volcánico y meteorológico. Su comportamiento, si bien es entendido en sus aspectos generales, responde a variables que están fuera del alcance de las mediciones directas y pueden presentar saltos inesperados. En consecuencia, incluso el especialista más competente y responsable estará siempre sometido al riesgo de equivocar su pronóstico. Por su parte, la autoridad enfrenta un dilema entre sobre reaccionar y causar alarma pública, o por el contrario, no actuar a tiempo. Ello es especialmente complicado en el caso de los volcanes, donde muchas personas presionan por retornar a sus viviendas y reclaman si no pasa nada. En tales situaciones es esencial contar con el apoyo de los especialistas expertos, lo que se dificultará si sus posibles equivocaciones implican riesgos penales. La naturaleza no siempre sigue el curso esperado, y una mezcla de magmas en profundidad puede alterar bruscamente el curso de una erupción volcánica, produciendo una inesperada catástrofe.

En el caso del sismo del 27/02/2010 y del tsunami asociado, se registraron comportamientos y efectos inesperados. Ello tanto en los mecanismos focales del sismo como en sus efectos destructivos (lo que llevó a iniciar un proceso de revisión de la norma antisísmica). En cuanto al tsunami, este desafió el “saber convencional” al generar olas destructivas hasta tres horas y media después de producido el sismo, las que alcanzaron los sitios costeros sin aparente orden lógico. Ello obedeció a una serie de complejas reflexiones e interacciones de las ondas producidas, tanto entre ellas como con la topografía submarina de la zona afectada. Tal situación fue muy diferente de la ocurrida en el tsunami anterior, producido 50 años atrás, el único para el cual se contaba con suficiente información. Tal vez el mayor error del SHOA fue la excesiva confianza depositada en la tecnología de los dispositivos flotantes con control satelital, cuya información contribuyó más bien a desorientar a los especialistas (un hecho del cual se desprende una valiosa lección). A la luz de lo ocurrido es obvio que la mejor conducta frente a un sismo cercano de gran magnitud es evacuar lo antes posible las áreas costeras bajas. Sin embargo, aun así subsisten incertidumbres, puesto que para un sismo de foco cercano, la llegada de la ola puede ocurrir sólo algunas decenas de minutos después del movimiento. En áreas densamente pobladas y situadas lejos de zonas altas, el tiempo disponible para la evacuación puede ser muy insuficiente. ¿Conviene entonces que los habitantes de edificios en altura la intenten, arriesgándose a ser alcanzados por la ola sin protección o sería más seguro para ellos permanecer en los pisos superiores? Pero ahora, incluso responder a esa pregunta, puede implicar un riesgo para las autoridades, considerando las formalizaciones anunciadas.

La segunda razón del peligro que representa esta formalización de ex funcionarios es que sitúa toda la responsabilidad en determinadas personas y lleva a olvidar la naturaleza sistémica de nuestras fallas frente a los desastres naturales. Ello no es distinto del caso italiano mencionado, donde las deficiencias de la construcción, más que el error de los sismólogos, explican el elevado número de víctimas causadas por un sismo de moderada intensidad. En nuestro caso, aún si las decisiones de las autoridades hubieran sido las correctas, las fallas en los sistemas de comunicación habrían comprometido seriamente su efectividad. Al respecto no debemos ignorar la tendencia nacional a dejar todo para “el último día” o para “cuando el problema se presente” y a echarnos la culpa unos a otros, en lugar de buscar en conjunto mejores formas de enfrentar las dificultades. Necesitamos más apertura y discusión, pese a las dificultades que implican los celos institucionales. El que a determinado régimen político le haya tocado enfrentar el sismo y el tsunami y a otro la reconstrucción, es sólo anecdótico. Lo importante es asumir que habitamos un país periódicamente afectado por catástrofes naturales y que debemos desarrollar procedimientos, protocolos e infraestructuras adecuadas para enfrentarlas. Ello no evitará que se puedan cometer errores ni que haya costos que lamentar, pero puede mitigar muchos de sus efectos negativos y le daría un mayor respaldo institucional a nuestros ahora amenazados funcionarios y expertos.

DOS MALAS NOTICIAS AMBIENTALES DEL 2011

El año 2011 fue marcado por dos noticias principales de connotación ambiental. La primera y qué recibió la mayor atención de los media, fue el desastre de la planta nuclear de Fukushima, donde por efecto indirecto de un tsunami, se dañó el control de temperatura de un reactor y se generó una serie de accidentes que dieron lugar al escape de materiales radioactivos, situación que tardó varios meses en controlarse. El caso cuestionó una vez más la producción de electricidad mediante energía nuclear. Sumado al creciente rechazo de la hidroelectricidad, ello implica en la práctica una creciente dependencia de los combustibles fósiles, puesto que por razones económicas y por un buen tiempo, otras fuentes de energía seguirán siendo sólo “complementarias”. Menos difundida y casi desapercibida, fue la noticia del desahucio del “Protocolo de Kioto” por parte de Canadá a fines del año. Dicho país justificó su decisión en los costos económicos que implicaba ese compromiso, así como en su duda respecto en la efectividad de ese tratado para reducir efectivamente las emisiones de gases invernadero. Aunque Canadá puede tener cierto grado de razón en su escepticismo, su decisión agrava la falta de responsabilidad con la que las naciones del mundo están enfrentando una “muerte anunciada”. Países de tierras bajas como Bangladesh, con sus 170 millones de habitantes, difícilmente podrán enfrentar los niveles del mar esperados para la segunda mitad del presente siglo. Por otra parte, aunque Canadá tiene graves problemas ambientales en sus explotaciones mineras y en las de sus arenas alquitranadas de Alberta, en cierto modo ha sido considerada como un referente en materia ambiental. Por eso su retiro del Protocolo de Kioto debilita aún más esta de por sí frágil iniciativa. Cómo en el caso de otros problemas ambientales, existirá en este caso la típica asimetría entre beneficios y costos. Los canadienses seguirán disfrutando de inviernos calefaccionados y de veranos climatizados. Los costos se verán en los países costeros bajos y superpoblados, carentes de superficies “de reserva”. Los beneficios se cosecharán hoy. Los costos vendrán de aquí a algunas décadas más, y nadie necesitará responder por ellos.

El Hombre de Negro

Extraño e ingrato oficio el de los árbitros. En otros tiempos un chivo era cargado con los pecados del pueblo y sacrificado a modo de expiación, de manera que todos quedaran limpios. En nuestros tiempos vemos cómo, durante una semana o más la prensa deportiva, con la ayuda de los jugadores más exaltados, contribuye a calentar los ánimos para el clásico qué viene. Desde el principio los jugadores olvidan que se enfrentan a compañeros de profesión y los tratan como a verdaderos enemigos, con el apoyo de barras y dirigentes. Pero al final sólo queda un culpable: el árbitro, y a la crítica se unen sus mismos colegas. El árbitro es autoridad en la cancha, y como tal debe estar sometido a la crítica. Sin embargo basta que ingrese al campo de juego para que lo reciban con insultos. Parece suficiente que sea autoridad para merecerlos, y muchos pensarán que para eso le pagan. Como un chivo emisario, recoge la rabia de una sociedad cada vez más indignada, donde las culpas y las obligaciones son siempre de los otros y no estamos dispuestos a aceptar más que nuestros derechos.

Desde luego la suerte del árbitro es compartida por otros profesionales, cuya labor se reconoce en sus aspectos positivos, como la del carabinero que ayuda a dar a luz o socorre a la persona en riesgo de ahogarse o perdida en la montaña, o la del profesor esforzado en la escuela rural. Sin embargo cuando esos profesionales deben realizar tareas ingratas, como mantener el orden o corregir al alumno que lo necesita, la crítica es dura y a veces violenta. Por otro lado, tendemos a esperar demasiado de las autoridades olvidando que al fin provienen de nuestra misma sociedad y que por lo tanto comparten sus virtudes y sus limitaciones. Chile no es Corea, donde el Gobierno está preocupado porque sus escolares estudian demasiado (Time, 3/10/2011). Por el contrario, la improvisación, el camino fácil y el descuido están presentes en nuestra cultura y son responsables de buena parte de nuestras limitaciones y problemas. Valoramos más el ingenio que el trabajo duro y en ese aspecto el personaje de Canitrot nos representa muy bien. Cuando recibimos un título profesional o nos convertimos en autoridad no somos tocados por una varita mágica. Criticar los errores de los demás no nos hace mejores. En cambio, sí que nos ayudaría una sana autocrítica y reconocer nuestros propios defectos en las fallas que observamos en los otros, con el fin de superarlos. Ningún sistema policial o carcelario resolverá el problema de la delincuencia mientras la honestidad no sea un valor compartido por todas nuestras clases sociales, y criticar la incapacidad de los sucesivos gobiernos para enfrentarla de poco nos servirá.

En suma: comprendamos y ayudemos al árbitro. Reconozcamos en ese personaje de negro su espíritu de sacrificio, difícil de comprender. Hagamos del futbol y su ambiente el lugar de sana convivencia que una vez fue, cuando se podía discutir con otros espectadores sin arriesgar la vida. Igualmente, tratemos de hacer de nuestro país un motivo de orgullo, no tanto por sus bellezas o riquezas como por los valores de honestidad, respeto y trabajo serio que lleguen a impregnar a nuestra sociedad.

Jorge Oyarzún M.

Nuestra Universidad Pública Regional: la Importancia de una Tradición

No vivimos tiempos propicios para las universidades públicas regionales. Su organización a principios de la década de los 1980`s fue vista con optimismo por aquellos que piensan que es justo y necesario para el país que las regiones cuenten con centros de estudio que garanticen su independencia intelectual y contribuyan a su desarrollo educacional y económico. En el caso de nuestra región, la Universidad de la Serena se constituyó sobre la base de las sedes de la Universidad Técnica del Estado, de la Universidad de Chile y de la Escuela Normal, que a su vez se sustentaban sobre sólidas tradiciones, como las de de la antigua Escuela de Minas y la Escuela de Preceptoras. Dichos centros entregaban docencia profesional de calidad y sus graduados disfrutaban de merecido prestigio. Por otra parte, su integración ofrecía buenas perspectivas de completar la labor docente con el desarrollo de la investigación científica, requerida por las nuevas necesidades del País.

Sin embargo, buena parte de esas expectativas se frustraron tempranamente debido a los magros porcentajes del aporte fijo entregado por el Estado, que conservó los porcentajes históricos que las universidades metropolitanos otorgaban a sus sedes regionales. Esto implicó de partida una posición desmedrada. A ella se sumó el nuevo paradigma de la competitividad: si se quería contar con fondos adicionales había que concursarlos. Tal principio, que implica un factor proporcional (ya que todo juega a favor del que parte con ventaja) y que se aleja mucho del “juego limpio”, se agrega a todos los demás factores que favorecen a nuestra metrópoli en desmedro de las regiones. Dicho principio fue posteriormente ratificado por el sistema de quintiles que regula los aranceles reconocidos por el Estado para las distintas carreras, sistema que no permite subir a una universidad a menos que otra baje y que condena a las más perjudicadas al subdesarrollo permanente. En el fondo, equivale a decirle a un corredor que lo haga con las piernas atadas y reprocharle que no logre ganar la carrera. Al respecto podría servir de consuelo pensar que todas las universidades públicas están sometidas a ataduras administrativas que no afectan a las privadas del Consejo de Rectores, pero sería un pobre consuelo.

Pese a todo, la Universidad de La Serena y en particular su Facultad de Ingeniería se ha esforzado a lo largo de estos años en lograr éxitos sobre la base de sacrificio, originalidad y frugalidad, y ha logrado ser pionera en la creación de nuevas carreras exitosas y de programas que han traspasado las fronteras del país. Sin embargo se encuentra actualmente, como otras universidades públicas, en el centro de un conflicto que puede destruir su estabilidad y en el cual sus posibilidades de acción son muy limitadas. Al menos podemos y debemos decir que instituciones como nuestra Universidad son mucho más que simples oferentes de servicios, y que su actividad académica, cuando se realiza como se debe, contribuye a infundir la rectitud moral y el compromiso cívico que tanto se necesitan en los revueltos tiempos que corren. Igualmente, qué tiene derecho a contar con los recursos y la agilidad administrativa que le permitan competir en condiciones menos desiguales. Finalmente, qué el país necesita a sus regiones y éstas a sus universidades, y que Estado, académicos y alumnos deben poner todo de su parte para superar la peligrosa crisis que la amenaza.

Jorge Oyarzún ( Dr. Sc.)