Nuestra Universidad Pública Regional: la Importancia de una Tradición

No vivimos tiempos propicios para las universidades públicas regionales. Su organización a principios de la década de los 1980`s fue vista con optimismo por aquellos que piensan que es justo y necesario para el país que las regiones cuenten con centros de estudio que garanticen su independencia intelectual y contribuyan a su desarrollo educacional y económico. En el caso de nuestra región, la Universidad de la Serena se constituyó sobre la base de las sedes de la Universidad Técnica del Estado, de la Universidad de Chile y de la Escuela Normal, que a su vez se sustentaban sobre sólidas tradiciones, como las de de la antigua Escuela de Minas y la Escuela de Preceptoras. Dichos centros entregaban docencia profesional de calidad y sus graduados disfrutaban de merecido prestigio. Por otra parte, su integración ofrecía buenas perspectivas de completar la labor docente con el desarrollo de la investigación científica, requerida por las nuevas necesidades del País.

Sin embargo, buena parte de esas expectativas se frustraron tempranamente debido a los magros porcentajes del aporte fijo entregado por el Estado, que conservó los porcentajes históricos que las universidades metropolitanos otorgaban a sus sedes regionales. Esto implicó de partida una posición desmedrada. A ella se sumó el nuevo paradigma de la competitividad: si se quería contar con fondos adicionales había que concursarlos. Tal principio, que implica un factor proporcional (ya que todo juega a favor del que parte con ventaja) y que se aleja mucho del “juego limpio”, se agrega a todos los demás factores que favorecen a nuestra metrópoli en desmedro de las regiones. Dicho principio fue posteriormente ratificado por el sistema de quintiles que regula los aranceles reconocidos por el Estado para las distintas carreras, sistema que no permite subir a una universidad a menos que otra baje y que condena a las más perjudicadas al subdesarrollo permanente. En el fondo, equivale a decirle a un corredor que lo haga con las piernas atadas y reprocharle que no logre ganar la carrera. Al respecto podría servir de consuelo pensar que todas las universidades públicas están sometidas a ataduras administrativas que no afectan a las privadas del Consejo de Rectores, pero sería un pobre consuelo.

Pese a todo, la Universidad de La Serena y en particular su Facultad de Ingeniería se ha esforzado a lo largo de estos años en lograr éxitos sobre la base de sacrificio, originalidad y frugalidad, y ha logrado ser pionera en la creación de nuevas carreras exitosas y de programas que han traspasado las fronteras del país. Sin embargo se encuentra actualmente, como otras universidades públicas, en el centro de un conflicto que puede destruir su estabilidad y en el cual sus posibilidades de acción son muy limitadas. Al menos podemos y debemos decir que instituciones como nuestra Universidad son mucho más que simples oferentes de servicios, y que su actividad académica, cuando se realiza como se debe, contribuye a infundir la rectitud moral y el compromiso cívico que tanto se necesitan en los revueltos tiempos que corren. Igualmente, qué tiene derecho a contar con los recursos y la agilidad administrativa que le permitan competir en condiciones menos desiguales. Finalmente, qué el país necesita a sus regiones y éstas a sus universidades, y que Estado, académicos y alumnos deben poner todo de su parte para superar la peligrosa crisis que la amenaza.

Jorge Oyarzún ( Dr. Sc.)