CAMBIO CLIMÁTICO, POLÍTICA Y CIENCIAS SOCIALES

2010 fue el tercer año más “caliente” de la Tierra del que se tenga registro y se caracterizó por eventos climáticos extremos, tanto en términos de temperatura como de precipitaciones. Sequía e incendios en Rusia, olas de frío polar en Polonia y otros países de Europa, catastróficas inundaciones en Paquistán y en el NE de Australia, esta última aún en niveles críticos. Tampoco fue un año positivo en materia de avances concretos en el control de emisiones de gases de efecto invernadero, después del virtual fracaso de la reunión de Copenhague de Diciembre 2009.

Aunque existe consenso entre los científicos respecto a los riesgos que estamos empezando a enfrentar como los recién mencionados, más la fusión de los hielos del Ártico y el ascenso del nivel de los océanos, es más difícil precisar el los nivel crítico de concentración del CO₂ atmosférico antes de que el proceso se torne inmanejable. La concentración de CO₂ era de unas 280 ppm (partes por millón en volumen) al iniciarse la etapa industrial a principios del Siglo 19. Hoy llega a 387 ppm y se espera que alcance 450 ppm en 30 años más (Sci. Amer., Enero 2010). Para evitar costos ambientales mayores, como la fusión de los hielos del Ártico, se estima necesario reducir las actuales emisiones a un ritmo de 2.0 a 2.5 % anual. Aunque la tecnología puede cooperar con esa tarea, nada se puede lograr sin el esfuerzo de los gobiernos, las empresas y, especialmente, de las personas, en su doble carácter de ciudadanos y consumidores.

Respecto a los gobiernos, es difícil esperar medidas significativas en las actuales circunstancias. Tanto los países europeos como EEUU enfrentan situaciones económicas difíciles, las que en este último país han llevado a posiciones políticas extremas y peligrosas que dificultan cualquiera acción efectiva de parte de su gobierno. En el otro lado del espectro se sitúan países con elevada población que por primera vez están logrando altas tasas de crecimiento económico y niveles de consumo que antes no parecían a su alcance. Es el caso de China en primer lugar, pero también el de India, y en nuestro continente, el de Brasil. China podría llegar a tener mil millones de automóviles a mediados de presente siglo y su población se está incorporando a un elevado ritmo a la sociedad de consumo. El precio de nuestro cobre y por lo tanto nuestra economía se benefician de ello, pero no debemos ignorar lo que implica en términos del crecimiento de emisiones de gases invernadero y lo ilusorio que hace pensar en su reducción. A lo anterior se une el crecimiento de la población mundial que alcanzará unos 7 mil millones de personas en el curso de la presente década. Alimentar, educar, emplear y proveer de bienes a una población impaciente y ávida de consumo, como producto de la red de comunicaciones no será tarea fácil y difícilmente dejará espacios para reducir las emisiones de CO₂ y otros gases invernadero. Peor aún, puede ser muy difícil impedir su crecimiento descontrolado.

Aunque las empresas responsables procuran lograr crecientes niveles de ecoeficiencia, a través de sus sistemas de gestión y prácticas de responsabilidad corporativa, así como de instrumentos tales como el cálculo de la “huella de carbono” y los “Bonos de carbono”, su meta natural es el crecimiento de sus cifras de negocio. Por eso, en última instancia es el ciudadano el único que, a través de sus elecciones de consumo y de su voto político (cuando tiene esa posibilidad), tendría el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Sin embargo, ese ciudadano-consumidor está normalmente muy ocupado procurando encontrar un trabajo o conservar el que tiene, así como en mejorar su nivel de vida y el de su familia y difícilmente querrá escuchar las oscuras advertencias de los estudiosos del cambio climático. Al respecto, un reciente artículo de Sci. Amer sobre la aplicación de las ciencias sociales a este tema, compara el caso del cambio climático con el del consumo de tabaco, materia en la que se han alcanzado algunos logros significativos. Sin embargo, hay diferencias importantes, en cuanto a que el cambio climático no afecta a todos de la misma manera. Tampoco los beneficios del cambio de conducta se perciben claramente, puesto que para ser efectivos deberían ser observados por una gran proporción de los habitantes del mundo industrializado, lo que es bastante utópico.

En consecuencia, debemos prepararnos para un futuro muy incierto, no sólo en materia climática sino que en el conjunto de los aspectos ligados a ese factor, partiendo por la disponibilidad de agua y alimentos en un mundo cada vez más poblado y conflictivo. Ello tendrá seguramente repercusiones políticas, tanto por el efecto de las masas humanas desplazadas por las sequías e inundaciones, como por la dificultad de de los gobiernos para enfrentar catástrofes mayores (caso de Paquistán, Time, Septiembre 20, 2010). Esto, a menos que la humanidad logre equilibrar con su propio autocontrol el aplastante dominio que ha llegado a ejercer sobre la Tierra. Sin embargo, tal objetivo no parece estar en el programa actual de los gobiernos.

POSTGRADOS, UNIVERSIDAD Y DESARROLLO NACIONAL

El presente texto corresponde a una exposición realizada en el marco de la ceremonia de entrega de grados de diplomas de especialización y grados de magíster de la universidad de La Serena, realizada el 3 de diciembre del presente año. Se ha incluido en este blog considerando que algunos temas tratados pueden ser de interés general y son materia de discusión actual en el País.

Esta ceremonia de graduación se ha realizado en las universidades del Mundo desde hace más de 800 años. Inicialmente, el grado de Magíster o Máster abría el acceso a un cargo docente en la universidad, mientras el Doctorado se otorgaba raramente y sólo en teología. Ya entonces, la elaboración de una tesis, vale decir de un aporte original a la disciplina, era el requisito exigido para alcanzar el respectivo grado.

Las universidades medievales estaban generalmente ligadas a una ciudad y contribuían a su prestigio. A veces asesoraban a los reyes en materias legales o políticas, o les correspondía opinar en temas teológicos, como en el juicio a Juana de Arco. Sin embargo, su participación en los asuntos nacionales era marginal. Esto cambia radicalmente a fines del Siglo 18, cuando se convierte en un factor principal del desarrollo de las naciones. En Francia se organiza la primera universidad de ingeniería, la Escuela Politécnica en 1794 y poco después, Napoleón moderniza la universidad francesa sobre la base de la Facultades. También en esa etapa, que coincide con el nacimiento de la era industrial basada en el carbón y el acero, las universidades inglesas asocian la física newtoniana a la construcción de máquinas térmicas mientras en Francia nace la termodinámica con Carnot. Otro tanto ocurre en Alemania, cuyas universidades técnicas se destacan en química aplicada, metalurgia y mecánica.

Así, durante el Siglo 19, las universidades de Europa y Estados Unidos pasan a ser motores del desarrollo y el prestigio nacional, y por lo tanto adquieren relevancia geopolítica. Parte principal de su contribución se realiza a través de tesis doctorales, como la de Marie Curie sobre la radioactividad y la de Louis de Broglie sobre la ecuación de onda del electrón, ambas merecedoras de premios Nobel.

Mientras el grado de Magíster no persistió en las universidades de Europa continental, siendo reemplazado en su función por el doctorado, adquirió fuerte relevancia en las de Inglaterra y Estados Unidos. A diferencia del Doctorado, que implica una formación avanzada en investigación, el Máster otorga una formación especializada, que facilita el camino al ejercicio profesional. En este sentido fue retomado por la universidades europeas, las que hoy ofrecen esta formación siguiendo el modelo norteamericano. Una variante reciente de enseñanza especializada son los Diplomados o Postítulos. En principio implican estudios más cortos y específicos, relacionados con nuevas temáticas o enfoques, que se adaptan bien a los principios de la “formación permanente”.

La dictación de posgrados por una universidad presupone que ha alcanzado niveles de competencia en la respectiva disciplina y en nivel en el que los otorga. En el caso del doctorado, ello implica la capacidad de realizar investigación internacionalmente reconocida a través de publicaciones de corriente principal. En el de magíster o diplomado, la seguridad de contar con docentes que poseen la necesaria formación y son personas actualizadas y activas en su especialidad.

Para los alumnos graduados, los postgrados y diplomados deben ser vistos como herramientas efectivas de perfeccionamiento, más que como simples adiciones al curriculum. El conocimiento es sin duda necesario y valioso, pero sólo en la medida que somos capaces de aplicarlo para tomar mejores decisiones, experimentar formas nuevas de hacer las cosas y atrevernos a tomar riesgos razonables en nuestras tareas profesionales. De otra manera, sin una actitud abierta a la innovación, los postgrados añaden escaso valor a la sociedad.

Chile ha proclamado reiteradamente su decisión de incorporarse a la “Sociedad del Conocimiento”, tarea en la cual los posgrados deben cumplir un rol fundamental. Nos gusten o no sus resultados, la realidad es que nuestro país fue cambiado radicalmente en los años ´70 y ´80 por un grupo de economistas formados en los posgrados de universidades de Estados Unidos, principalmente en la de Chicago. Por eso es que, aun reconociendo que el grueso de los conocimientos y las ideas nos seguirán llegando desde afuera, es importante que desarrollemos nuestro propio pensamiento, nuestra propia visión del Mundo, incluso nuestras propias variables tecnológicas para enfrentar su transformación. De otro modo sólo seremos sujetos pasivos de una historia que comprenderemos mal, cuyas oportunidades no sabremos aprovechar y ante cuyos riesgos no sabremos reaccionar adecuadamente.

Enfrentamos un Siglo 21 pleno de de oportunidades y amenazas. Seguramente siempre ha sido así, pero nunca a la escala y velocidad de cambio a la cual ocurrirán las cosas. Durante el pasado siglo se triplicó la población mundial y ella crecerá un 60% en los próximos 40 años, alcanzando unos 10 mil millones de habitantes. Desde luego eso expandirá los mercados para nuestras exportaciones mineras, madereras y alimentarias. Pero también enfrentaremos los riesgos y consecuencias del cambio climático, de la acelerada pérdida de biodiversidad y del efecto indirecto de los conflictos internacionales. Un sólo ejemplo al respecto: nuestra propia responsabilidad en la sobreexplotación destructiva de la zona de pesca exclusiva que hemos declarado proteger. En ese escenario, incluso la aprobación que podamos recibir de los países desarrollados tiene escaso valor, porque ellos mismos se debaten en la incertidumbre frente a los complejos problemas políticos, económicos y ambientales que enfrentan.

En un mundo así, la imagen de territorios y mares abiertos y plenos de recursos pasa a ser una hermosa ficción y las ideas de Adam Smith, en cuanto a que el egoísmo individual contribuye al bienestar de todos, otra ilusión. Por el contrario, el presente exige colaboración y compromisos. Si no estamos dispuestos a enfrentar sus costos, otros deberán pagar un precio más alto aún. Urge cuidar nuestras riquezas ambientales y los recursos que ellas implican. Destruirlas o agotarlas con el pretexto de combatir la pobreza es otra ficción, cuyos costos caerán justamente sobre los más desfavorecidos.

Una sociedad desarrollada no se construye sólo a través del avance científico y tecnológico. También requiere de una efectiva cultura nacional, capaz de participar en el diálogo intelectual y en la creación artística de nivel mundial. Al respecto, los prodigiosos avances en comunicación serán vacíos si tenemos poco o nada de valor para comunicar. Tampoco lograremos mucho mediante más horas dedicadas al aprendizaje de la lectura si las personas no tienen interés en leer porque no conocen el mundo de posibilidades ilimitadas que ella nos abre. De igual manera como el cine comercial se ha banalizado al apostar por la tecnología, sacrificando los contenidos, y hoy es difícil encontrar estrenos para público adulto, corremos el riesgo de que todo siga un camino parecido. Si así fuera, nuestra sociedad ideal se convertiría, en el mejor de los casos, en un mundo de consumidores satisfechos pero pasivos, donde existiría escaso interés por las ideas y por esas preguntas tan importantes, cuya respuesta es deber de cada uno buscar, porque son parte de la dignidad humana.

Recientemente, Chile obtuvo importantes éxitos comerciales en la Expo Shanghai. Pero más importante aún, logró la medalla de oro al mejor enfoque temático, coordinado por el filósofo Eugenio García y titulado “La ciudad, como el lugar de colaboración de todos”.

Hoy se entregan grados de Magíster en tres disciplinas, y Diplomados en otras once. Dentro de esa gama de conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos, es importante que cada uno de los graduados sienta, aparte de del logro personal alcanzado, la responsabilidad que asume en el proceso de crecimiento y madurez de nuestro país. La urgencia de su contribución al logro de una sociedad más reflexiva, culta, equitativa y próspera. Una sociedad en la cual, como señaló nuestro filósofo de la Expo Shanghai, todos encuentren su lugar para colaborar a un gran proyecto común. Esto puede parecer una utopía, pero tal utopía nunca ha sido tan necesaria como en la hora presente.

EL REPORTAJE DE CNN Y ALGUNAS REFLEXIONES

A fines de Octubre el canal de cable CNN Chile difundió un interesante reportaje televisivo de la periodista Carola Fuentes. Dicho reportaje describe tres casos de pasivos ambientales asociados a la mediana y pequeña minería del oro en Chile. Hace un año se proyectó en Argentina un reportaje similar, también relacionado con sus pasivos mineros auríferos que tuvo mucho impacto en la opinión pública de ese país. El caso más dramático expuesto por el documental de C. Fuentes es el del flujo de relaves de la antigua mina Las Palmas (Provincia de Talca), producido durante el sismo de febrero del presente año. Dicho flujo destruyó una casa y causó la muerte de cuatro personas, aparte de una intensa contaminación. El segundo caso describe la contaminación de aguas subterráneas y suelos de un área cercana a Santiago, debida a la ruptura de un “depósito de seguridad” de la firma RAFIMET. El depósito contiene arsénico extraído de minerales auríferos con el objeto de facilitar su proceso metalúrgico o su exportación. El depósito del arsénico en una zona agrícola y poblada ilustra la facilidad con la que se ha podido obtener autorizaciones para el depósito de substancias tóxicas, sobre la base de la supuesta seguridad que ofrecen las carpetas o geomembranas impermeables. La realidad es que todos estos depósitos pueden tener fugas y ellas alcanzan mucha importancia si las carpetas no están bien colocadas. Por otra parte, el material de las carpetas se hace más frágil con el tiempo y puede ser destruido por eventos sísmicos.

El tercer caso expuesto por el reportaje es el de los numerosos depósitos de desechos mineros al interior de la ciudad de Andacollo, que por otro lado se registra en otros pueblos y ciudades de la Región, como Illapel y La Higuera (en este último caso, pese a que existen serias evidencias de su posible asociación a casos de cáncer –mesotelioma- diagnosticados en ese lugar, y que su peligrosidad ha sido refrendada por investigaciones científicas). Aunque en el caso de Andacollo ellos son causa de contaminación del aire en un lugar reconocido como zona saturada, están protegidos por la ley, que ampara el derecho de propiedad, pero en la práctica no obliga a responder por su efecto contaminante. Ello se relaciona en parte con la disposición que excluye en principio los desechos mineros de la categoría de desechos peligrosos, la cual se justifica por la necesidad de facilitar las actividades de esta importante industria. Sin embargo, una cosa son los desechos al interior de una operación minera y otra muy distinta cuando se encuentran en medio de una ciudad.

Las materias descritas por el reportaje demandan cambios importantes en nuestra legislación y en nuestras actitudes frente a estos temas y es necesario que los legisladores reaccionen al respecto. Este tema no es de modo alguno político en el sentido partidista, porque no existen posiciones diferenciadas al respecto de las dos agrupaciones de partidos. Tampoco perjudica a nuestra minería, que por el contrario se vería robustecida por una legislación más sólida y por la observación de mejores prácticas en sus sectores más débiles. Después del accidente de la Mina San José el Gobierno ha expresado su propósito de avanzar en ese sentido y sería deseable que el parlamento también revisara la parte que les compete.

A otro nivel, el de la Gran Minería, los problemas previsibles son de distinta naturaleza, magnitud y escala de tiempo. Como señalara un funcionario de SERNAGEOMÍN, en Chile se están generando cada día unos tres millones de toneladas de materiales rocosos “estériles” y un millón de toneladas de relaves (vale decir, roca finamente molida), y dichas cifras podrían crecer un 50% conforme a los ambiciosos planes de inversiones en carpeta. Las empresas que operan en ese nivel de la minería cuentan con recursos, tecnologías avanzadas y personal de alta competencia. En consecuencia, ofrecen razonables garantías respecto a su estabilidad física durante el período de operación y las primeras décadas que sigan a su cierre. Sin embargo, no ocurre lo mismo con relación a su estabilidad química, que puede ser difícil de controlar, ni respecto a lo que ocurrirá posteriormente al período mencionado. La evolución química de estos depósitos puede continuar por cientos de años, y asegurar la estabilidad física de un relave con cientos o miles de millones de toneladas pude ser una difícil tarea para las futuras generaciones. Desde luego esos tiempos rebasan largamente nuestro interés directo. Pero justamente, el concepto de desarrollo sustentable implica pensar más allá del bienestar de nuestra propia generación y de la de nuestros hijos.

DESPUÉS DE BARRANCONES: UNA MIRADA A NUESTRO SEIA

Chile cuenta con un sistema de evaluación de impactos ambientales (SEIA) desde 1997, lo que desde luego es positivo. Ese sistema nos permite participar en el comercio internacional con países que así lo exigen, así como en organizaciones como la OCDE. También posibilita el conocimiento público de los aspectos ambientales de los nuevos proyectos de inversión e incentiva su diseño más cuidadoso y el uso de tecnologías modernas de prevención de la contaminación. Igualmente permite, aunque limitadamente, la participación de las comunidades afectadas por sus actividades. A ello se agrega el aporte técnico de los servicios especializados del Estado, el cual es coordinado por CONAMA, y es valioso para advertir respecto a riesgos ambientales en su respectivo sector de competencia, así como sobre la vulneración de leyes o normas que el proyecto puede implicar. Finalmente, la calificación de impacto ambiental que recibe el proyecto puede incluir obligaciones de monitoreo y otros resguardos, para que la realidad de su desarrollo no se aparte mucho de lo establecido por el proyecto y sus posteriores modificaciones durante el proceso de aprobación.

Sin embargo, al mismo tiempo el SEIA presenta serias limitaciones, algunas de las cuales contradicen los principios mismos de las ciencias ambientales y de las metodologías básicas de la evaluación de impactos. La primera clase de limitación se da en torno a la idea de que un proyecto que cumple todas las leyes y normas vigentes debería ser aprobado más allá de cualquier otra consideración. Ese argumento llevó a la aprobación del proyecto Barrancones y posteriormente fue base de críticas a la intervención presidencial, estimada como contraria a la institucionalidad ambiental vigente. Desde luego, esta situación implica serias limitaciones conceptuales por dos razones. La primera es que en materias ambientales, las interacciones entre los distintos factores y sus sinergias son tan o más importantes que sus efectos considerados separadamente. Este error conceptual puede afectar también a los grupos ambientalistas y a los científicos del campo ambiental, cuando tienden a enfocar los problemas sólo desde su campo específico de acción o de competencia técnica. La segunda razón es que las normas ambientales disponibles son aún escasas, y aunque no lo fueran, serían necesariamente limitadas e insuficientes como bases de decisión. Por ejemplo, se pueden normar concentraciones y volúmenes de efluentes, pero es imposible hacerlo respecto a las características, siempre distintas, del medio receptor, el que tiene tanta importancia como el efluente emitido.

Otra debilidad del SEIA radica en la posibilidad de considerar independientemente los componentes de un proyecto, como podría ser la construcción de una presa destinada a generar energía eléctrica, evaluada separadamente del impacto de sus líneas de transmisión. Tal situación, claramente considerada como indebida por los principales textos de evaluación de impactos ambientales, puede llevar a tomar decisiones sobre la base de “hechos consumados” (a la manera de un edificio construido sin el permiso correspondiente, cuya demolición es difícil, sino imposible, ordenar).

Otra limitación importante de nuestro SEIA se refiere al excesivo peso de la autoridad política en la toma de decisiones y a la asimetría que implica la participación de la autoridad central. En efecto, una decisión de rechazo a un proyecto tomada a nivel regional en contra de la opinión de la autoridad central (lo que de por sí es difícil que llegue a ocurrir), puede ser revertida por el Consejo de Ministros. En cambio, no puede ocurrir el caso opuesto, lo que obligó a una gestión personal del Presidente de la República en el reciente caso Barrancones.

Las condiciones de participación de la comunidad constituyen también una limitación importante, en particular en el caso de proyectos basados en la explotación de recursos naturales, situados normalmente en áreas rurales. Es difícil que en tales casos la comunidad disponga de la capacidad técnica que le permita una efectiva participación, y sería equitativo y conveniente que el SEIA contemplara mecanismos para brindarla, lo que actualmente no ocurre. De otro modo, esa comunidad, normalmente pobre, termina buscando solamente compensaciones económicas, sin llegar a entender de qué manera el proyecto impactará el ambiente y su vida, lo que se supone es el objetivo de su participación. En último término, sólo existirá oposición efectiva cuando choquen intereses poderosos, y por lo general se tratará más de conflictos entre sectores productivos por el uso del medio ambiente, que de una efectiva participación de la comunidad.Sería equivocado pensar que la evaluación de impactos ambientales es una materia sencilla, que puede resolverse simplemente mejorando leyes, normas o procedimientos. Por el contrario, puede ser un proceso notablemente complejo, que incluye la interacción de factores naturales y antrópicos, cuyo resultado implica altos grados de incertidumbre, y que requiere entender que en último término serán las leyes naturales las que determinen las consecuencias de la intervención humana. A ello debe agregarse la polarización que generan los intereses económicos y políticos, así como las visiones ideológicas en extremo opuestas. Sin embargo, este proceso de evaluación puede ser también una valiosa oportunidad para avanzar hacia una democracia más participativa. Ello requiere contar con una comunidad educada, que entienda que el desarrollo económico necesariamente implica costos ambientales, pero que ellos deben ser ponderados adecuadamente, con mirada de presente y de futuro. En última instancia, esa comunidad podría ser la mejor garantía para el logro del crecimiento armónico de nuestro país.

LA MINERÍA Y SUS RIESGOS GEOLÓGICOS

En términos generales, en Chile predominan las rocas de origen volcánico y los cuerpos intrusivos graníticos. Aunque su calidad geomecánica original sea favorable, esas rocas pueden estar muy alteradas en las áreas mineralizadas. Esto, debido tanto al efecto de las mismas soluciones que trasportaron los metales como al de la posterior oxidación y acidificación de los minerales sulfurados. Por otra parte, existe una estrecha relación entre yacimientos metalíferos y fallas geológicas, puesto que es a través de ellas que circularon las soluciones calientes que depositaron los minerales valiosos. Cuando las fallas se extienden y ramifican a lo largo de cientos o miles de km, se las denomina zonas de falla. Las dos zonas de falla de mayor importancia metalogénica en Chile son las de Atacama y la de Domeyko. A la primera, situada en el ámbito de la Cordillera de la Costa, se asocia la mayoría de los yacimientos de hierro así como numerosos e importantes depósitos de cobre y oro, incluida la mina San José, sitio del drama que hoy estremece al País. A la otra zona de falla se relacionan los mayores depósitos porfíricos de cobre del norte de Chile, comprendidos Chuquicamata y La Escondida. Cuando las fallas han tenido movimientos recientes, se las denomina “fallas activas” y se las considera más peligrosas. Sin embargo, también una falla que no muestre dichos movimientos puede activarse debido a faenas mineras o factores hidrogeológicos. Desde luego, las excavaciones a cielo abierto desarrollan taludes que favorecen el deslizamiento de bloque de rocas fracturadas. Por otra parte, la creación de cavidades en minería subterránea por extracción de rocas mineralizadas produce alteraciones en el equilibrio de esfuerzos tectónicos, que pueden activar fallas o producir bruscos desprendimientos o proyecciones explosivas de rocas.

A diferencia del ingeniero de obras civiles, que calcula y puede controlar la construcción de un edificio, incluida la calidad de los materiales utilizados, el ingeniero de minas trabaja en condiciones de incertidumbre muy superiores. Desde luego debe adecuarse a las características de forma y calidad rocosa del macizo mineralizado, cuya litología, estructuras y estado de esfuerzos puede conocer sólo en parte. Las rocas no tienen calidad uniforme y suelen presentar bolsones alterados o estructuras complejas al interior de masas aparentemente sanas. Nunca es posible conocer el macizo rocoso en todo su detalle e incluso su estudio parcial demanda mucho tiempo de investigaciones de terreno y laboratorio, lo cual implica altos costos y no siempre es compatible con la dinámica de la explotación. En consecuencia su realización se restringe generalmente a la gran minería y a algunas empresas medianas. Así, en minas como El Teniente se realizan monitoreos continuos, que permiten no sólo saber que el sistema se encuentra dentro del rango correcto sino también modificar y si es necesario, substituir el modelo de explotación utilizado. Por otra parte, es importante destacar que, en minería subterránea, los principales elementos estructurales de soporte son las propias rocas del yacimiento, las que pueden contener importantes concentraciones metálicas. En consecuencia, estimaciones o cálculos equivocados, junto con la presión por obtener una mayor producción, pueden llevar a sacrificar partes vitales de la estructura rocosa soportante, lo que parece haber sido un detonante de lo ocurrido en la mina San José. En cuanto a las fortificaciones de labores subterráneas, por robustas que sean, sólo permiten mantener las rocas en su lugar, evitando caídas de bloques del techo o desplazamientos menores de las paredes. En cambio, no son efectivas para contrarrestar esfuerzos tectónicos como los que generan desplazamientos de bloques de mayor escala, ya que estos implican magnitudes físicas de un orden superior.

Por lo antes señalado, cualquiera sea el grado de cuidado de la empresa o la seriedad de la fiscalización efectuada, siempre existirá el riesgo de accidentes debidos a causas geomecánicas. Si existe fortuna, ellos no llegarán a causar pérdidas de vidas. También es posible que la ocurrencia del desplazamiento de bloques o de la proyección explosiva de rocas sea detectada y monitoreada a tiempo, lo que es naturalmente deseado. En todo caso, esos accidentes han afectado a empresas mineras importantes y técnicamente tan solventes como CODELCO (explosiones de rocas en El Teniente, falla de la caverna en Chuquicamata) y CMP, y con toda probabilidad volverán a ocurrir en el futuro, porque ello es propio del medio natural en el que se realiza esta vital actividad. Para quienes participan en la formación de ingenieros de minas, el entendimiento de las situaciones que pueden enfrentar sus graduados implica una alta responsabilidad. Aquellos que no trabajen en empresas de la gran minería deberán en muchos casos tomar decisiones importantes sin contar con asesoría especializada. De ahí que el conocimiento geológico y geomecánico del macizo rocoso y su relación con el diseño de la mina sea un aspecto central de su formación, el que en cambio tiende a ocupar un lugar menor en el curriculum de las carreras de minería ofrecidas por universidades recientemente abiertas a este campo.

Cada vez que un evento trágico conmueve a la opinión pública, se genera una reacción explicable de búsqueda y peticiones de sanciones a los responsables. Aunque en muchos casos esos responsables individuales efectivamente existen, lo normal es que se trate más bien de un problema sistémico, de una manera de hacer las cosas que todo el mundo conoce y acepta hasta que se produce el accidente o las consecuencias del terremoto o del tsunami. En el caso del recurrente tema de la fiscalización (ya sea en la construcción de edificios, en las faenas mineras etc), existe en nuestro país un lamentable desequilibrio de medios entre el Estado y los privados. Años atrás, el director del servicio de minería de un estado de Canadá nos explicaba en La Serena el funcionamiento de su equipo técnico: un grupo reducido pero muy competente y experimentado de especialistas, remunerado con similares sueldos a los ofrecidos por el sector privado. La relación del servicio con las empresas mineras era básicamente de cooperación y asesoría, pero también podía plantear con fuerza sus exigencias en caso necesario. Aún en ese caso ideal, la fiscalización necesariamente debería ser selectiva y centrarse en aquellas situaciones que implican especial riesgo, como condiciones geológicas y geomecánicas difíciles, alta rotación de personal, problemas financieros o bajos estándares de gestión y desempeño. También los incrementos bruscos de producción, ligados a aumentos de precios de los metales, deben ser vistos con cautela, por su posible efecto desestabilizador en las prácticas normales de la empresa. Conforme a la información divulgada, todas las condiciones señaladas parecen haber estado presentes en el caso de la mina San José.

En suma: los riesgos de accidentes asociados a fallas del macizo rocoso siempre estarán presentes en las labores mineras. El desafío es lograr que, más allá de la conmoción producida por esta tragedia y después que la noticia haya cedido su lugar a otras, se actúe de manera consistente para asegurar que se ha hecho todo lo posible por evitar su ocurrencia.

SOBRE MEGA YACIMIENTOS, EL COBRE Y EL ROYALTY MINERO

Un par de semanas atrás, la prensa informaba sobre un sismo de magnitud 7.2 Richter en Papúa-Nueva Guinea. Los sismos del otro lado del Océano Pacífico también nos preocupan porque si son grandes (no era éste el caso), pueden dar lugar a tsunamis que alcancen nuestras costas. Sin embargo, más allá de ese tema, la noticia nos recordó la coincidencia entre los fenómenos catastróficos de carácter sísmico y volcánico con la feliz ocurrencia de grandes yacimientos metalíferos, principalmente de cobre y oro, en el margen occidental de Sud América y en los arcos de islas del Oeste del Pacífico.

Dicha coincidencia no es casual. En ambos márgenes se registra el hundimiento de las placas litosféricas oceánicas, que se renuevan constantemente en la llamada “Dorsal del Pacífico” y que avanzan a razón de algunos cm por año hacia el Este y el Oeste. Al hundirse en el Manto terrestre, junto con producir fenómenos sísmicos, liberan agua y otras substancias por efecto de la creciente temperatura y presión, las que facilitan la fusión de las rocas profundas. Así se generan magmas hidratados, ricos en metales y azufre, que ascienden hacia la superficie y dan lugar a masas de rocas graníticas y a un importante volcanismo explosivo. En ese ambiente, a unos pocos km bajo la superficie, se emplazan los cuerpos cilíndricos o filonianos portadores de la mineralización de cobre, oro, molibdeno y otros metales. Estos cuerpos, cuyos cristales de silicatos y cuarzo presentan distinto tamaño (de ahí el nombre de pórfidos) retienen parte de los metales valiosos o los depositan en las rocas que penetran (como es el caso de la mayor parte del cobre y el molibdeno de El Teniente).

El número de Enero-Febrero 2010 de la importante revista Economic Geology incluye un excelente artículo sobre pórfidos cupríferos de Richard Sillitoe, experto internacional que inició y ha realizado buena parte de su carrera de geólogo y explorador minero en Chile. El artículo revisa los últimos avances sobre el origen y características de estos yacimientos, situados en gran parte en el margen occidental de Sud América, como El Teniente, Los Bronces- Río Blanco, Los Pelambres, Chuquicamata y Collahuasi en Chile, y Toquepala, Cuajone, Antamina y Yanacocha en Perú. Se trata de yacimientos gigantescos, con miles de millones de toneladas mineral y leyes en torno al 1% de cobre, con contenidos menores de molibdeno y oro. Al otro lado del Pacífico, se sitúan depósitos análogos como los de Panguna, Ok Tedi y Grasberg-Ertsberg en Papúa- Nueva Guinea, que son algo menores, pero más ricos en oro. Estos y otros depósitos similares ubicados en Indonesia, Filipinas y otros países del margen Pacífico occidental nos recuerdan que la naturaleza suele compensar por las dificultades que opone.

En este cuadro de distribución de los pórfidos cupríferos, que también incluye yacimientos en Norteamérica, Irán, Paquistán y otros países, la posición de Chile y del Perú es especialmente sólida. Ello, no solamente por la cuantía de los recursos, sino también por las favorables condiciones que ofrece su explotación, incluida la cercanía a la costa y el clima, donde la única contrapartida es la limitación de los recursos hídricos en el caso de Chile. Por otra parte, Perú se ha convertido en el país más atractivo para realizar exploración minera, en parte por su mineralogía más variada y compleja, que incluye una mayor riqueza en oro. Argentina no cuenta por ahora con mega yacimientos pero está empeñada en desarrollar su minería, pese a la resistencia que ha encontrado en algunos sectores de la población.

El cobre, cuya minería se remonta a varios miles de años A.C. en la isla de Chipre, fue el primer metal utilizado con fines utilitarios y ha acompañado a la humanidad hasta la actual era espacial. Aunque no han faltado augurios pesimistas respecto a su minería, como cuando se descubrieron nódulos de manganeso con contenidos de cobre en el fondo oceánico, o respecto a su vigencia tecnológica como cuando se implementó el uso de la fibra de vidrio en telecomunicaciones, su futuro aparece hoy más brillante que nunca. Ello responde en buena parte a la formidable irrupción de China y en menor grado de India y otros países, incluido Brasil, como fabricantes y consumidores de productos industriales que utilizan cobre. El curso de la economía mundial ha cambiado y depende menos de los ciclos económicos de Norteamérica y Europa. El cobre está estrechamente unido a cambios en el nivel de vida de los pueblos, que implican aspectos tan simples e importantes como dotar a los hogares de electrodomésticos y medios de comunicación electrónicos, una aspiración que es hoy universal.

La minería chilena estima para 2010 envíos al exterior por valor de 40 mil millones de dólares, unos 9 mil millones más que el 2009, y hay proyectos de inversión por 43 mil millones de dólares (Minería Chilena, Abril 2010, p 16-25). Esas inversiones permitirían aumentar la producción de cobre a 7,7 millones de t/año y la de oro a 100 t/año. En 2009, pese a que el cobre no alcanzó un precio óptimo, las empresas mineras tuvieron utilidades por 11 mil quinientos millones de dólares y aportaron un 15% al PIB del País. Puesto que las empresas privadas hace ya muchos años sobrepasaron a CODELCO y continúan aumentando esa ventaja, es natural que el tema de su tributación reaparezca continuamente, en particular en períodos de bonanza de precios. Recientemente, el Gobierno volvió a ponerlo de actualidad con motivo del financiamiento de la reconstrucción de la zona afectada por el último terremoto. Su proposición, consistente en una elevación temporal de la tasa del royalty minero, a cambio de una extensión del período de invariabilidad tributaria comprometido por el Estado, no fue aceptado por el Congreso, que optó por dejar esta materia para una discusión más completa y menos apremiada. Sin embargo, el Gobierno anunció que insistirá en su proposición.

A diferencia del resto de la tributación, la legitimidad del pago de un royalty por las empresas mineras se fundamenta en dos conceptos particulares. El primero es la propiedad de la riqueza minera, atribuida originalmente al rey (de ahí su nombre) y después a su sucesor, el Estado. Se trata, en consecuencia de un tributo al “soberano” por el derecho a extraer un recurso de su propiedad. El segundo concepto corresponde al carácter finito, y por lo tanto agotable, del recurso explotado.

Respecto al primer concepto, es interesante considerar que la riqueza minera metálica no radica sólo en el valor de los metales sino en su concentración, como lo expresa la definición de yacimiento metalífero: “Una concentración explotable de uno o más metales”. De hecho, en un volumen de roca común de un km2 de superficie por 200 m de alto, hay unos 30 millones de t de hierro, 36 mil t de cobre, 2,5 t de oro, etc, contenidos que por su mineralogía y baja concentración carecen de todo valor. En consecuencia, el royalty debería reconocer la importancia de la concentración metálica, mediante una tasa variable según la ley del mineral explotado. Por otra parte, ello favorecería el aprovechamiento de los recursos de menor ley y ayudaría a las empresas que los explotan a soportar mejor los períodos de baja de precios del metal.

En cuanto al segundo concepto, hay que reconocer que la exploración minera saca a la luz riquezas que habrían podido permanecer indefinidamente ignoradas. Por lo tanto las inversiones en exploración minera que permitieron descubrir un yacimiento deberían ser descontadas del pago del royalty, lo cual contribuiría a fomentar esta actividad, sin la cual no existirían las riquezas mineras.

Finalmente, como señala el economista de minerales J. Tilton (Minería Chilena, Mayo 2010, p 69-71), la carga tributaria es sólo una de las consideraciones evaluadas por los inversionistas. Pensarla y discutirla bien y sin apuros, con mirada de futuro y buscando un buen equilibrio de ganancias para el País y los inversionistas, es algo que vale la pena. En cuanto al respeto que merece el País por la consistencia de sus decisiones y compromisos, y al interés por invertir en Chile por parte de las empresas, ello dependerá principalmente de la madurez, equilibrio y permanencia de sus políticas, que deben reconocer el carácter cíclico de los precios de los metales y los riesgos que implica invertir en yacimientos de menor ley, así como el legítimo interés de sus ciudadanos respecto a un justo aporte de esta importante actividad económica.

RECURSOS, POLÍTICA Y AMBIENTE

Dos noticias recientes, una de ellas en pleno desarrollo, se relacionan entre sí por la confluencia de factores que implican: el derrame de hidrocarburos de British Petroleum (B.P.) en el Golfo de México y la noticia del hallazgo de un gran yacimiento de cobre y de importantes pero menos precisos recursos de litio en Afganistán. En ambos casos, el tema toca directamente a las políticas del gobierno del presidente Obama, aunque por motivos muy diferentes.
Respecto a la primera, ella se relaciona con la necesidad creciente de extraer petróleo de lugares que implican condiciones cada vez más difíciles y arriesgadas, puesto que el petróleo “fácil” se está terminando (S. Mugeri, Sci. Amer., Oct. 2009, pp36-43). Ello conlleva riesgos económicos, políticos y ambientales crecientes, y en algunos casos, como la extracción de arenas alquitranadas de Alberta, Canadá, la destrucción efectiva de extensas áreas silvestres. Aunque el gobierno de Obama se ha comprometido a promover una creciente independencia energética basada en el desarrollo de energías limpias renovables, se trata de un propósito difícil de cumplir, de modo que al mismo tiempo ha favorecido la extracción de petróleo desde la plataforma marina. En consecuencia, el voluminoso derrame iniciado el 20 de Abril y que continúa al redactar estas líneas (20 de Junio), lo afecta directamente. En sólo los 15 días iniciales la mancha de petróleo alcanzó más de 5 mil km2 , afectando el litoral de Louisiana y amenazando los de Mississippi y Alabama. Al efecto sobre la flora y fauna silvestre, se agregó el daño a la industria del camarón, de gran importancia en esos estados. Aunque la presión del gobierno de EEUU obligó a B.P. a establecer un fondo de compensación de 20 mil millones de dólares, la opinión pública y el Congreso de ese país pondrán serios obstáculos a la continuación de las perforaciones en esa plataforma marina.
El accidente responsable del derrame se inició con una explosión de la plataforma petrolera flotante, que costó la vida de 17 personas. El sondaje, realizado desde la superficie del mar de 1500 m de profundidad, había alcanzado horizontes productivos situados a 5500 m bajo el fondo marino. Aunque el accidente fue agravado por la mala fortuna, parece haber existido también una supervisión defectuosa. Por otra parte, la plataforma no disponía de un mecanismo acústico de seguridad que pudo haber detenido la fuga. La razón: aunque ese mecanismo es obligatorio en países como Brasil y Noruega, no lo es en EEUU (Time, Mayo 2010, pp. 32-39). Naturalmente, ese antecedente no favorece la posición de B.P. ni del gobierno americano.
El derrame de B.P. ha mostrado que, pese a las seguridades ofrecidas, la extracción de petróleo de la plataforma continental sigue siendo riesgosa, y que el ambiente marino y costero deberá probablemente soportar situaciones similares en distintos lugares del mundo. En tanto, aunque la propaganda de las empresas petroleras es insistente respecto a su empeño en desarrollar fuentes de energía limpias y renovables, la realidad es que seguiremos por mucho tiempo aun dependiendo de los combustibles fósiles. Paralelamente, el problema del efecto invernadero y del cambio climático seguirá agravándose, aunque la propaganda nos informe sobre iniciativas como la captura de anhídrido carbónico, los bonos de carbono y la medida de su “huella”, todas ellas bien intencionadas, pero de escaso efecto frente a los “datos duros” de las emisiones crecientes de CO2.
La segunda noticia concierne al supuesto descubrimiento de un gigantesco depósito de cobre: Aynak, cerca de Kabul, así como de importantes recursos de litio en Afganistán. Ambos recursos se relacionan directamente con los compromisos de Obama respecto a favorecer las energías limpias renovables: el cobre juega un rol esencial en la conducción y uso de la electricidad, y el litio en su acumulación en baterías de alto rendimiento. Por otra parte, parecen entregar motivos adicionales para la prosecución de la guerra en ese país hasta alcanzar un resultado favorable, a lo cual también se comprometió el presidente Obama.
El compromiso de EEUU con Afganistán se inició de modo similar al de Vietnam: fue la “adquisición” de una guerra en la que no tenían participación previa. En Vietnam se trató de la rebelión contra Francia como potencia colonial, a la cual reemplazó EEUU cuando ese país fue derrotado. En Afganistán la rebelión era contra la Unión Soviética y los EEUU actuaron apoyándola contra la potencia rival. Sin embargo, los mismos rebeldes ayudados por los americanos se convirtieron después en el núcleo del terrorismo que los golpeó en Septiembre del 2001 y que constituye hoy su mayor preocupación internacional. Desde luego esa intervención no fue ni podía ser un “buen negocio”. En las palabras de T. Weiner (2007) ganador de un premio Pulitzer, el haber adquirido ese conflicto fue un sinsentido: “¿Por qué alguien en su sano juicio habría de invadir Afganistán, que durante dos mil años había sido tumba de todos sus conquistadores?” Por otra parte, Afganistán es un país básicamente tribal, lo que indirectamente asegura gobiernos débiles y corruptos. Eso, aparte del hecho de ser el mayor productor y exportador de opio del mundo, substancia base de la economía nacional.
La noticia de los descubrimientos insinúa que ellos podrían cambiar la economía de Afganistán, aparte de contribuir al esfuerzo de guerra. Sin embargo, todo no pasa de una media verdad. La realidad es que el yacimiento de cobre, Avnik, si bien es efectivamente de clase mundial (unos 10 mil millones de toneladas de mena, de ley 2-3% de cobre, según el servicio geológico afgano), se conoce desde hace varias décadas y fue estudiado y evaluado por geólogos soviéticos ya en 1974. En consecuencia, no se trata propiamente de una “noticia”. A ello hay que agregar que Afganistán es un país mediterráneo, y que el depósito se encuentra a más de mil km al norte de la costa más cercana, situada en el sur de Paquistán. Es difícil entonces que en las condiciones de guerra de Afganistán y la extensión de ese conflicto a Paquistán, el yacimiento llegue a explotarse en un futuro previsible. En consecuencia la noticia no pasa de tener interés propagandístico.
Sin embargo, son interesantes las similitudes geológicas y paisajísticas entre Afganistán y Chile, las que incluyen no sólo recursos como el cobre y el litio, sino también el lapizlázuli, que sólo existe en cantidades y calidades adecuadas en ambos países. Pero las coincidencias terminan ahí. A diferencia de Afganistán, Chile tiene todos los atributos para ser y seguir siendo una potencia minera de nivel mundial. Ellos incluyen no sólo grandes yacimientos, cercanos al extenso litoral del país, sino también estabilidad política y tradición minera. Por otra parte, la ubicación de la mayoría de las explotaciones mayores en el norte árido del país, facilita su manejo ambiental. A ello debe agregarse que, a diferencia de otros países andinos, tampoco existen en Chile dificultades mayores con las comunidades indígenas próximas a algunas explotaciones.
Finalmente, también existe consenso nacional respecto a conservar una minería mixta, en parte estatal, en parte privada, aunque hay diferencias respecto a la contribución tributaria de la segunda. En todo caso se trata de un tema de sentido común, que debería ser discutido con calma, mirando con perspectiva el panorama mundial y evitando posiciones extremas. Las empresas mineras conocen su oficio y su negocio y seguramente estarán dispuestas a negociar y respetarán a un país que sabe lo que puede ofrecer y lo que debería esperar a cambio de ello.